Una posición que se debe mantener
España ha vuelto a poner sobre la mesa -esta vez en el marco de la reunión del G-20 que se clausuró ayer en Los Cabos (México)- la demanda de que el proceso de recapitalización del sistema financiero español se lleve a cabo de forma directa y sin involucrar al Estado. En unas declaraciones más sobrias y ajustadas a la crudeza de la situación que las que realizó el día en que se anunció la línea de crédito europeo para sanear la banca española, Mariano Rajoy defendió públicamente lo que constituye un secreto a voces: que el modelo de rescate actual tiene efectos tremendamente perniciosos sobre la deuda soberana del país. Las palabras del presidente del Gobierno revelan que España no está dispuesta a tirar la toalla sobre esta cuestión y sí a mantener, hasta donde sea posible, un pulso frente al corazón de Europa. Como era de esperar, la respuesta ofrecida desde el Eurogrupo ha seguido la línea mantenida oficialmente hasta el momento: con la legislación actual en la mano, la demanda española está condenada al fracaso, puesto que la regulación del fondo europeo de rescate no contempla la posibilidad de inyectar capital directamente a las entidades financieras. Aun así, es indudable que a medida que ha ido creciendo la presión de los mercados sobre Madrid, esta ha dejado poco a poco de jugar en solitario. Tanto desde la Comisión Europea, a través de su presidente, José Manuel Durão Barroso, como desde el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central Europeo se han escuchado voces en apoyo de la propuesta española y de la necesidad de separar el riesgo bancario del riesgo soberano de un país. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, al tiempo que recordaba ayer la imposibilidad de llevar a cabo actualmente un rescate bancario directo por las limitaciones normativas comunitarias, puntualizaba también que las legislaciones se pueden cambiar.
El gran escollo que ha de superar la ofensiva española en esta materia es la oposición de una Alemania que se mantiene firme en su negativa a desvincular al Estado del rescate a la banca, por el temor a que ello facilite un relajamiento en el programa de reformas. Tanto si la propuesta de España consigue salir adelante como si ello no ocurre, existen pocas dudas de que la ayuda europea a la banca española estará supeditada a una lista de deberes que, muy probablemente, sobrepasarán el ámbito del sistema financiero. Por todo ello España hace bien en defender un cambio de modelo de rescate bancario, pero hará mejor si apuntala su demanda con su disposición a agotar y culminar las reformas que demanda Bruselas. Entonces no quedarán excusas para que el BCE intervenga y haga lo que cada vez más voces reclaman que debe hacer.