Las auditorías a la banca española se retrasan hasta septiembre
Las auditorías a la banca española, que debían concluir a finales de julio, se retrasarán hasta septiembre con el objetivo de conseguir "un examen más exhaustivo".
El comité de seguimiento, del que forman parte representantes del Ministerio de Economía y del Banco de España, han tomado esta decisión para poder contar con una información más completa sobre el balance de las entidades españolas, según han informado a Efe fuentes próximas al proceso.
PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG harán las auditorías, que forman parte de la segunda fase de la estrategia del Gobierno para despejar las dudas sobre la banca española y que incluye en una primera etapa la valoración de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, cuyos resultados se conocerán este jueves.
Hace un mes, el Ministerio de Economía y el Banco de España anunciaron que en un primer momento estas dos consultoras evaluarían los balances de la banca española, a la que someterían a unas pruebas de estrés para detectar las necesidades de capital. Estos resultados se conocerán en dos días, pero el mercado ya da por descontado que el capital que requerirán las entidades financieras españolas en su conjunto estará entre 60.000 y 70.000 millones.
Riesgos
En concreto, las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger identificarán las necesidades de capital que experimentaría la banca ante un fuerte deterioro económico; y en segundo lugar, las auditoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young comprobarán cómo han clasificado, provisionado y medido las entidades los riesgos de sus carteras.
La incertidumbre sobre el estado de la banca española obligó al Gobierno el pasado 2 junio a solicitar al Eurogrupo una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros. El FMI calcula que el conjunto del sistema financiero español podría necesitar de un capital de al menos 40.000 millones.
Las ayudas europeas para el sistema bancario español se canalizarán a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya capacidad de endeudamiento se elevó recientemente en 66.000 millones de euros.
El PP introdujo esta posibilidad, que se articulará mediante un aval del Estado al organismo, a través de una enmienda a la ley de presupuestos del Estado en su tramitación en el Senado.
