Enresa releva al consejo pero no nombra a los máximos directivos
La decisión de la SEPI de nombrar presidente y consejero delegado en Enresa, y resolver así la pugna entre la Junta de Castilla-La Mancha e Industria por el control de la compañía que construirá el ATC, no ha puesto fin a la batalla. Queda por ver quién de los dos, Francisco Gil Ortega o Adolfo Cazorla, será el ejecutivo.
La junta general de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) que se celebró el pasado jueves se limitó a aprobar el relevo de su consejo de administración, pero no propuso la convocatoria preceptiva de una reunión del mismo para nombrar a los dos máximos directivos propuestos hace varias semanas por la SEPI: Francisco Gil Ortega, como presidente, y Adolfo Cazorla, como consejero delegado.
La convocatoria sigue sin llegar debido, una vez más, y según fuentes próximas al Ejecutivo, a las discrepancias entre la presidenta de Castilla-La Macha, Dolores de Cospedal, que apoya a Gil Ortega, actual vicepresidente de esa comunidad y exalcalde de Ciudad Real, y el Ministerio de Industria, que apoya a Cazorla, ingeniero agrónomo y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, ligado al actual secretario de Estado de Energía, Fernando Marti.
La pugna interna por el control de Enresa, que dura ya varios meses, se saldó con la propuesta salomónica de la SEPI, que tiene un 20% del capital, de nombrar un presidente y un consejero delegado, algo insólito en una empresa que no cotiza, que siempre ha tenido una presidencia (actualmente la ocupaba José Alejandro Pina, que fue destituido el pasado jueves) y dada la política de austeridad que propugna el Gobierno. Sin embargo, el pacto para designar a los dos candidatos no ha resultado muy sólido, pues queda aún por decidir quién de los dos será el que ocupe el cargo ejecutivo (en teoría, debería ser el consejero delegado).
Cospedal ha esgrimido su derecho a imponer a su hombre, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy designase al municipio conquense de Villar de Cañas como albergue del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos. Aunque tanto Cospedal como el propio Gil Ortega se opusieron a que el proyecto desarrollado por el anterior Gobierno socialista se ubicase en Castilla-La Mancha, ahora se ha desatado una lucha interna por un almacén nuclear que tendrá unas inversiones de 900 millones de euros. Aunque el proyecto debía haberse puesto en marcha a principios de año, la lucha por el control de Enresa lo ha paralizado.
Además de la SEPI, que es la que realmente ha demostrado tener menos poder, han mediado en el conflicto el Ministerio de Industria, La Moncloa y Economía. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha resistido a dejar la compañía pública en manos de Cospedal, pero, a su vez, el ministro de Industria, José Manuel Soria, pese a los deseos de su secretario de Estado, tampoco ha querido enfrentarse abiertamente a la presidenta castellanomanchega y secretaria general del PP.
El consejo que debe proceder a nombrar y establecer las funciones de los dos ejecutivos propuestos debe ser convocado por el actual presidente en funciones, y vicepresidente hasta el jueves pasado, Cayetano López. Sin embargo, la convocatoria no se producirá en tanto los ministerios y organismos implicados no se pongan de acuerdo en cuáles serán sus funciones.
La cifra
900 millones es la inversión prevista por Enresa para la construcción del ATC, que se ubicará en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca).
Un fondo de 3.200 millones en juego
Las inversiones que requerirá la construcción del ATC en Villar de Cañas es el caramelo al que se atribuye la pelea entre la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, y el Gobierno, por el control de Enresa.Pero hay una razón aún más golosa que explicaría la pugna por el poder de una empresa que gestiona el combustible gastado de las centrales nucleares españolas y es la encargada del desmantelamiento de las plantas tras su clausura. Se trata del fondo para los futuros desmantelamientos que se abastece con las aportaciones de las compañías eléctricas propietarias de instalaciones nucleares, y que suman ya 3.200 millones de euros. Este dinero son palabras mayores y su gestión financiera está perfectamente delimitada por ley. Sin embargo, indican en el sector, "las leyes se pueden cambiar".La SEPI, propietaria del 20% de Enresa (el resto está en manos del Ciemat, dependiente del Ministerio de Economía), habría preferido un presidente con un perfil técnico y no político. De hecho, contaba con una candidata, Mariola Pina, vicepresidenta de la consultora Hitachi, experta en el sector energético y la industria nuclear. Una idea que el grupo público se vio obligado finalmente a descartar.