Hacia una economía digital competitiva
Durante los primeros días de junio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha otorgado 277 licencias de ámbito estatal para desarrollar actividades de juego digital y concursos televisivos a un total de 53 empresas, lo que supone la consecución de un proceso regulatorio iniciado hace más de un año con la aprobación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.
A pesar de que existen aspectos en la nueva normativa que deben ser mejorados, se trata de una excelente noticia por el impulso de la economía digital que supone y porque resuelve la ausencia de un marco normativo de un sector con una importante inversión y crecimiento en España. La hiperactividad legisladora en un breve plazo de tiempo, una rumorología incesante, la creación -o no- de una Comisión Nacional del Juego, el intento de privatización de LAE, las diferencias de modelos de negocio entre empresas online y offline, los encuentros y desencuentros entre el Gobierno central y las comunidades autónomas o, en estas últimas semanas, la intervención de la Agencia Tributaria a través de la Oficina Antifraude han sido algunos de los elementos que han enredado y añadido incertidumbre a este proceso regulatorio, lo que, a su vez, ha perjudicado la planificación y establecimiento de los operadores concurrentes al proceso de licencias.
Nos encontramos ante la regularización de un sector cuyas cifras en España no son nada desdeñables. Según cálculos de JDigital, en el año 2011 generó más de 300 millones de euros, con una previsión de crecimiento anual del 20% y un aspecto de importante valor como es el que las empresas de juego españolas gocen de una buena posición de mercado en Latinoamérica. Así estamos ante un sector tecnológico que puede contribuir a impulsar a través de la inversión y generación de empleo a nuestra economía, oportunidad para aquellas empresas relacionadas con el sector, en la que no puede obviarse una premisa básica, como es que el éxito de una empresa vinculada a la sociedad de la información se mida por su dinamismo y capacidad de adaptación. ¿Donde están Second Life, Google Wave, MySpace, HiFive ? En el lugar que los usuarios han decidido que se encuentren, esto es, en el olvido.
Esta idea esencial vinculada a la economía digital no concierne solo a las empresas, sino también a la Administración, que haga de paraguas de la actividad, ya que para que una empresa pueda ser competitiva en internet tiene que ser capaz de ofertar un buen producto, innovar y adaptarse a su marco normativo. Un buen ejemplo podría ser Amazon y su establecimiento el pasado año en España con la apertura de su portal .es. Si a Amazon España la Administración comienza a exigirle medidas en materia comercial de elevada rigidez o le aplica una fiscalidad anticompetitiva, con toda probabilidad se darán dos situaciones: salida de Amazon de España o consumidores comprando en Amazon Francia o cualquier otro portal extranjero. El rol garantista y de protección de los usuarios de un ente regulador de un área de actividad no entra en conflicto con la necesidad de que fomente el desarrollo y competitividad de un negocio.
Particularmente, en el juego se identifican cuestiones de riesgo que exigen rigor e implantación de medidas de seguridad, algo que no dista en exceso de otros sectores del ámbito digital, como podría ser la banca online. Sin embargo, la banca online no se enfrenta a requerimientos que desincentiven su actividad, algo que a fecha de hoy sí ocurre con el juego digital, al no permitirse, por ejemplo, la interoperabilidad entre usuarios a nivel internacional, la imposibilidad de ofertar en España algunos juegos de éxito sin antes cumplir lentos trámites administrativos o ciertas limitaciones poco realistas relativas a las cantidades de dinero a jugar. Cuestiones que deberían ser abordadas con celeridad.
Miguel Ferrer. Asesor institucional de JDigital