Las consultoras reclaman reducir el tamaño de las Administraciones y externalizar funciones
Las empresas de consultoría creen que ha llegado el momento de preparar en España una Administración pública del siglo XXI caracterizada por una racionalización del gasto y un aumento de la eficiencia, la productividad y la transparencia.
A tal fin, Manuel Pimentel, presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), presentó ayer un informe donde se recogen una serie de propuestas estratégicas encaminadas a realizar una reforma del modelo estratégico. "Este es el momento de hacerlo y de plantear adónde queremos ir. El nuevo modelo debe desarrollarse a medio y largo plazo, aunque con acciones a corto".
Según Pimentel, esta transformación no se puede culminar en una sola legislatura y abogó por la necesidad de que se aborde con un consenso "significativo". Asimismo, pidió no dejarse llevar por la exigencia de los recortes, que se han fijado fundamentalmente en el capítulo de las inversiones. Como prueba, Pimentel recordó que España ha perdido en dos años 14 puestos en el ranking de desarrollo del e-Gobierno en el mundo, según la ONU, al pasar del puesto 9 en 2010 al 23 este año.
Las propuestas de la AEC pasan por reducir el tamaño de las Administraciones públicas, incrementar la eficiencia, establecer centros de servicios compartidos, aumentar la e-Administración y el uso del cloud computing o modificar las políticas de gestión de los trabajadores.
Igualmente, las consultoras recomiendan buscar la colaboración público-privada ante los fondos limitados de la Administración, de tal forma que la responsabilidad de los servicios siga correspondiendo a esta, pero que la operativa quede en manos de las empresas privadas. En este sentido, Pimentel apostó por externalizar servicios, "para evitar crecer en plantillas", y que las consultoras se conviertan en socios estratégicos de las reformas.
La AEC habla de recuperar la figura del directivo público, determinar el coste de los servicios y analizar el coste-beneficio o evitar redundancias entre las Administraciones. Pimentel dijo que las cargas administrativas suponen en España 46.000 millones, un coste del 4,6% sobre el PIB, y que tiene el compromiso de reducir 15.000 millones en 2012 para alcanzar el 3,5%.