El nuevo 'desbar-ajuste' del sistema eléctrico

La grave crisis financiera (curiosamente, el coste del rescate de Bankia es similar al déficit de tarifa) ha situado en un segundo plano los ajustes pendientes en el sistema eléctrico, que el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció para la segunda quincena de junio. Como las mal llamadas reformas eléctricas llevan siempre aparejadas incrementos de la factura de la luz, el ministerio aprovechará la revisión preceptiva de la tarifa del tercer trimestre para aprobar los nuevos cambios (el 26 de junio se celebra la subasta Cesur que determinará el precio de la energía en la TUR hasta septiembre). También la primera reforma se aprobó el 30 de marzo, último día del primer trimestre.

El oscurantismo de Industria respecto a lo que pretende aprobar este mes ha llevado a pensar que, en realidad, no hay nada detrás. O, al menos, que no hay nada en la trastienda del departamento que dirige Soria y que sería el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, el que está cociendo los ajustes. De dar crédito a las múltiples declaraciones del locuaz ministro canario y a las confusas filtraciones que se han producido hasta ahora, el nuevo paquete eléctrico incluye medidas fiscales con las que el Gobierno de Rajoy pretende meter la mano en los cajones de las eléctricas para reducir el déficit.

La total ausencia de diálogo entre Industria y las empresas del sector, de lo que estas se lamentan a la menor oportunidad, ha llevado a Unesa a enviar al ministerio el informe que encargó a una consultora sobre la multitud de tributos medioambientales que ya aplican las comunidades autónomas. De esta manera, la asociación que preside Eduardo Montes quiere evitar que el Gobierno caiga en la tentación de aplicar una doble imposición.

En todo caso, cualquier nuevo impuesto o tasa (esta, frente al primero, es finalista) sobre la producción eléctrica debe ser aprobado mediante una ley, con la correspondiente tramitación en el Parlamento. El tipo de generación a la que afectarían los nuevos gravámenes sigue siendo una incógnita, aunque las opciones no son muchas y en las quinielas siguen figurando las tecnologías de siempre: la nuclear e hidroeléctrica.

Más fundamento parece tener otra medida: el incremento de los peajes que comenzaron a cobrarse a las propias generadoras eléctricas en diciembre de 2010 por el uso de las redes de distribución (una tarifa que solo pagaban hasta entonces los consumidores finales). Esta recaudación (que las eléctricas admitieron a cambio de un recorte de las primas de las renovables) es muy baja y cualquier incremento sustancial va a ser respondido con virulencia por parte de Unesa.

El viernes la patronal advirtió en un comunicado que un aumento sustancial de estos peajes, aunque existen unos límites impuestos por la UE, se traduciría en un hundimiento de sus beneficios. Además, se castigaría a las tecnologías que producen más barato frente a las de generación más cara, como la solar, señaló. En este punto, conviene tener en cuenta que gravar la producción supondrá un doble castigo a las centrales térmicas (los ciclos combinados trabajan al 12% de su capacidad y la demanda se ha vuelto a derrumbar en mayo).

Pero, sobre todo, que un aumento de los peajes será trasladado por los productores al consumidor final, excepto las instalaciones del régimen especial (fotovoltaicas) con tarifa regulada. Esto no es posible en el caso de gravar a las tecnologías inframarginales (nuclear o agua), que ofrecen a cero en el mercado mayorista y correrían el riesgo de que no entraran casadas.

Fuentes próximas al Gobierno aseguran que el objetivo, que incluirá medidas contra las renovables, es recortar por el lado de los costes más de 3.000 millones, un ajuste demasiado ambicioso si se tiene en cuenta que el primer paquete de medidas de marzo fue de 940 millones (esencialmente, en la retribución de la distribución).

Más probable resulta, aunque la gravedad de la crisis podría frenar las intenciones del Gobierno, es que este actúe más decididamente por el lado de los ingresos, con nuevas subidas de los peajes de acceso (que financian el déficit de tarifa) a lo largo de este año. Estas subidas tienen un grave peligro: se sumarían a los 1.640 millones de euros que 27 millones de consumidores (se exceptúan los tres millones que disfrutan del bono social que paga el resto) deben costear de forma fraccionada hasta diciembre.

Esta subida fue aprobada por el Gobierno en abril en aplicación de los autos del Supremo que obligaban a refacturar los consumos desde octubre y aún no ha sido digerida. Sumar a tal digestión (de la que no hay precedentes) nuevas subidas tendrá los efectos electorales negativos que pretendieron evitar quienes inventaron (por cierto, Rodrigo Rato como vicepresidente económico) y mantuvieron el endiablado mecanismo del déficit.

Para colmo, y como premio a las eléctricas por los recortes, el Gobierno quiere bajar la potencia que da derecho al paraguas de la TUR, de los actuales 10 kW, a 5 o 3 kW, según las fuentes. Esto se traducirá en nuevas subidas de la luz, ya que los consumidores se verían obligados a contratar en el mercado libre (donde les esperan las comercializadoras de las eléctricas) a precios por encima de la tarifa. Esa bajada solo se justificaría, y así lo entendió el Gobierno anterior, en un mercado liberalizado (de verdad).