Las cuentas regionales entran en vereda
Llegan las primeras buenas noticias desde un Consejo de Ministros, tras cinco meses de viernes de dolores para los españoles: los sufridos proveedores y acreedores de los ayuntamientos han comenzado a cobrar deudas de hace meses, años, décadas incluso, y las cuentas regionales cierran un trimestre fiscal, el primero del año, en equilibrio. Son las dos primeras señales explícitas de que las cuentas públicas empiezan a someterse a un mínimo sentido del orden, condición imprescindible para cumplir con los objetivos fijados por las autoridades comunitarias y abandonar la senda de sorpresas e incumplimientos que han aflorado en los últimos meses. Son también las dos primeras señales que deben recoger e interpretar los agentes económicos y financieros de dentro y de fuera del país para recomponer la confianza perdida en la economía.
El mecanismo financiero elaborado con dinero del Banco Central Europeo, con la intermediación de la banca y la presión del Ministerio de Hacienda, resolverá la vida a miles de pequeñas y mediadas empresas, a particulares y a empresas de tamaño grande, que tienen contabilizadas en sus libros de registro hasta ahora el impago de facturas por servicios y bienes comercializados desde hace varios años. De momento, se trata del abono de 9.263 millones -en los cajones de los ayuntamientos había aún centenares de miles de facturas en pesetas, muchas de ellas de la anterior crisis de los noventa-, que es una nada desdeñable inyección de liquidez a las empresas y al circuito económico del país, pues permitirá a su vez que se reactive la cadena del efectivo entre empresas, entre empresas y bancos y entre empresas y particulares. Es una operación a la que hay que dar un valor especial porque no tenía visos reales de consumarse de no mediar una decisión política firme, ya que la crisis ha secado para mucho tiempo las fuentes de ingresos de los deudores, tanto ayuntamientos como comunidades.
Ha servido incluso para reanimar la concesión de crédito por parte de la banca, que capta los recursos a un cómodo 1% en Fráncfort y los presta casi al 6% en España a organismos públicos con el aval del Estado. Además, la cantidad final que se activará por este mecanismo puede acercarse a los 30.000 millones de euros cuando en un mes se ponga en marcha también el programa de pago de los 17.000 millones reconocidos como deuda a proveedores por parte de las regiones. Una cantidad que supone el 3% del PIB y que funcionará como sangre nueva para la economía, puesto que infinidad de empresas, las que habían resistido sin ella, habían descartado, en muchos casos, cobrarla.
Además de empezar a restablecer los pagos a los proveedores -ahora deberán el dinero a la banca-, las Administraciones territoriales han comenzado a disciplinar sus cuentas. La tutela que sobre ellas ejerce Hacienda desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que se recoge incluso la posibilidad de intervención directa en las cuentas si hay desviaciones en los objetivos, ha supuesto que en el primer trimestre del año hayan cerrado sus cuentas en equilibrio en términos de contabilidad nacional. Algo desconocido este siglo. Cierto es que este equilibrio está algo maquillado, básicamente por dos cosas: el anticipo de trasferencias del Estado para hacer frente a sus pagos y la austeridad mostrada en el gasto en la elaboración de los nuevos presupuestos.
Descontado el efecto de los pagos adelantados, las regiones han reducido su déficit fiscal en los tres primeros meses casi a la mitad respecto al registrado en el primer trimestre del año pasado, un esfuerzo nada desdeñable que supone dejar el desequilibrio de las cuentas en un 0,45% del PIB (no podrán superar el 1,5% a fin de año de forma agregada). El sacrificio es muy apreciable en regiones que tenían déficit muy elevados, como Castilla-La Mancha, Cataluña o Comunidad Valenciana, y, aunque se trate de números únicamente orientativivos, arroja certezas sobre la posibilidad de que las regiones, las grandes incumplidoras hasta ahora, cumplan en los sucesivo con los límites fiscales impuestos y permitan proyectar sobre los mercados financieros una imagen de rigor. Sin ella, España no recuperará el favor de sus financiadores, esos mismos que ahora ponen en duda la capacidad de repago y que han llevado la deuda española hasta cerca del 7%.