Economía de Bandera
Cuidamos de nosotros mismos, dondequiera que ondee esta bandera". Estos versos del último trabajo de Bruce Springsteen sirven como precisa entrada al gran debate económico de las pasadas semanas: las expropiaciones. Ningún experto teme que podamos vivir una oleada de nacionalizaciones que cercenen los derechos de las empresas españolas, pero sí advierten de que entramos en un tiempo nuevo. Y avisan de que el caso YPF no es un verso suelto.
Los analistas cuentan que "en los tiempos de crisis siempre hay un auge del nacionalismo y del proteccionismo. Momento en el que las economías ondean sus banderas". Algo que en principio no debería ser inquietante, pues las organizaciones de comercio internacional permiten, por ejemplo, ciertas subidas de aranceles. O sea, se puede ser nacionalista, pero dentro de un orden.
Aunque esto no significa que no haya riesgos. "Tal vez se produzca en diversos países de América Latina algún tipo de reacción a dos grandes corrientes: la fuerza de China y la crisis en Europa y Estados Unidos", advierte Jaimes Llopis, coordinador de Latinoamérica de Cuatrecasas.
La política proteccionista ha ido empapando también poco a poco a Europa y existen numerosos ejemplos de ello
México se mantiene fiel a su política de apertura y apuesta por profundizar en modelos de integración regional
Pero esta sensibilidad plantea una cuestión que lanza Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano. "¿El creciente papel del Estado dentro de los países emergentes es una buena idea o mala?".
La respuesta va por territorios. En Brasil, el proteccionismo económico ha aumentado y lo ha hecho orientándose a reforzar su tejido industrial. El principal efecto es que las industrias o las empresas de servicios extranjeras optan por instalarse localmente, disparando las cifras de inversión foránea directa. Además ha recuperado la política de "campeones nacionales" (compañías estatales estratégicas impulsadas por el Gobierno), por ejemplo con su fabricante de aviones Embraer. Y a la vez ha arreciado el debate sobre la compra de fincas agrícolas por parte de extranjeros, ya sean particulares o compañías, como sucedió en su día en Argentina, Uruguay o Chile.
Para situar las fichas en su correcto lugar hay que recordar que Argentina es el único grande de Latinoamérica que no tenía una empresa pública relacionada con materias primas estratégicas. México tiene a Pemex, y Brasil controla Petrobras.
Un poco más al Norte, compartiendo frontera con Brasil, encontramos al verdadero verso suelto, junto con Bolivia y Ecuador. Venezuela es un enigma envuelto en un misterio dentro de un acertijo. La plataforma What's Next Venezuela asegura que desde 2002 Hugo Chávez ha expropiado más de 988 compañías con un coste, a partir de 2006, de 17.700 millones de euros, todo como expresión de su particular "populismo económico". Frente a la estrategia venezolana, otros países como México se mantienen fieles a sus políticas de apertura y apuestan por profundizar algún modelo de integración regional.
"El riesgo de proteccionismo nunca ha desaparecido del todo. Nacionalismo, populismo y proteccionismo comercial son peligros que se acentúan cuando aumenta la debilidad económica", recalca el responsable de análisis de un banco anglosajón. Bien lo saben algunos de los posibles daños colaterales de la expropiación de YPF. Ahorro Corporación les ha puesto nombres y porcentajes y ha colocado el foco de la incertidumbre sobre ellos. Las empresas cotizadas con mayores intereses en Argentina (además de Repsol) son Prosegur (18% de las ventas), BBVA y Santander (cerca de un 4% de sus beneficios), DIA (7% de la facturación) y Telefónica (5,1% de las ventas). Otras firmas con menor exposición serían Arcelor Mittal (1,4% de las ventas), Endesa (1,5% del Ebitda), Mapfre (2,7% de los ingresos ordinarios), NHH (2,4% de las ventas) y Prisa (1,7% de la facturación). Mientras que en Duro Felgura, Gas Natural, Inditex, Indra, Meliá Hoteles y OHL, las posibles medidas expropiadoras tendrían un efecto mínimo.
Tras analizar estos porcentajes hay que reconocer que las inversiones españolas en América Latina (97.000 millones de euros, que se concentran -83.000 millones- en Brasil, México, Chile y Argentina) viven en el epicentro de la intranquilidad. Lejos de las acciones puntuales de Argentina o Venezuela, la verdad es que la gran mayoría de las empresas españolas que trabajan en la región lo hacen en sectores regulados (finanzas, seguros, energía, telecomunicaciones, concesiones) y, por tanto, se hallan expuestas a la injerencia de los Gobiernos. El año pasado, los argentinos -ante la falta de confianza- sacaron 21.500 millones de dólares (16.300 millones de euros) del sistema financiero. Esta carestía de liquidez explica en buena parte lo sucedido con YPF.
"El tema de Repsol YPF es peligroso porque el efecto dominó puede generalizarse, por eso es crucial contestar al expolio con inteligencia", reflexiona Mario Weitz, profesor de Esic de origen argentino y consultor del Banco Mundial.
Desde luego, un tema tan sensible, como bien afirma Weitz, tiene muchas interpretaciones. Federico Steinberg, del Real Instituto Elcano, descarta el contagio y no estima que haya riesgo para más empresas españolas en la zona. Eso sí, separa las políticas empresariales de Bolivia, Argentina y Venezuela (los chicos malos), por un lado, y Brasil, México, Chile, Colombia y Perú (los buenos) por otro.
Al final, gran parte de la seguridad jurídica de las empresas españolas dependerá de cómo estén armados los acuerdos comerciales. Desde la mirada normativa, los tratados pueden ser multilaterales o bilaterales. Estos últimos son los que se denominan Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). España, con más de 60 firmados, es uno de los países que más compromisos tienen. "No obstante, los tratados protegen relativamente frente a la discrecionalidad del Estado. Además, los procedimientos judiciales y arbitrales previstos son largos y costosos, y en la inmensa mayoría de los casos, el inversor expropiado recibirá una indemnización que con toda probabilidad será considerada insuficiente", resumen al alimón Alfredo Fernández-Rancaño y Javier Ybáñez, expertos en derecho administrativo y mercantil, respectivamente, del bufete Garrigues.
En concreto, el firmado entre la Unión Europa y Argentina, describe María Dolores Baz, responsable de fiscalidad internacional de la auditora Rusell Bedford, se denomina de tercera generación porque incluye la transferencia de tecnología, "una herramienta imprescindible para extraer gas y petróleo y que Europa puede utilizar para defender los intereses de sus socios frente al país latinoamericano".
Entramos de lleno, en este momento de la narración, en un capítulo con renglones complicados, el de la inseguridad jurídica. "Es un concepto difuso, que integra elementos formales y materiales y cuya percepción final, en la vida de las empresas, resulta personal e insustituible", reflexiona Jaimes Llopis, socio de Cuatrecasas.
Hay, apunta Jaimes Llopis, empresas extranjeras que actúan en jurisdicciones complejas que logran mantener operaciones estables y lucrativas. Y, por el contrario, existen jurisdicciones que parecen seguras que sorprenden a veces a los inversores con cambios regulatorios o interferencias políticas.
Implícitamente Llopis se refiere a la política de "campeones nacionales" lanzada por algunos países europeos y que es una forma sin tapujos de nacionalismo económico. Muchos se acordarán del famoso veto francés a la compra de Danone por Pepsico. "¿Forman parte los yogures de la identidad nacional gala? Parece que sí", ironiza Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del Instituto de Empresa. "El avance en los últimos 10 o 15 años en términos de apertura económica en el mundo ha sido espectacular, pero subyace aún cierto nacionalismo económico", ahonda este analista.
Convertida en excusa, esta política proteccionista ha ido empapando poco a poco a Europa. De hecho, BBVA sufrió un rechazo similar cuando intentó adquirir la entidad italiana Banca Nazionale del Lavoro (BNL), y la alemana Eon vivió la misma suerte en su empeño por hacerse con Endesa, que luego, por cierto, se llevaría la transalpina Enel. Los ejemplos son legión.
Mercedes Fernández es socio-director del bufete Jones Day y ha defendido los intereses de Enersis y Urbaser (división de residuos urbanos de ACS) en Argentina y, por tanto, conoce el terreno que pisa. Sabe que un litigio que llega hasta el arbitraje internacional del Banco Mundial y que tenga como demandado al país sudamericano supone cursar un máster en paciencia. "Argentina siempre cuestiona la jurisdicción y la competencia del tribunal con el fin de alargar el proceso", advierte Mercedes Fernández. De media, este tipo de resoluciones -como la que le espera a Repsol- puede alargarse más de tres años, y en este caso con un final muy incierto. "Argentina nunca ha satisfecho ningún laudo, pero es una excepción; el resto de países sí los respetan", apunta Fernández.
Según el International Center for the Settlement of Investment Disputes (que podría traducirse como el centro para el establecimiento de acuerdos en las disputas de inversión), de los 143 casos pendientes por litigios de inversión, nada menos que el 49% (70 expedientes) procede de América Central y Sudamérica. Los bad boys de la región -Venezuela, Bolivia, Ecuador- ya han avisado, señalaba recientemente The Huffington Post, de que no utilizarán los centros internacionales de arbitraje para resolver sus conflictos. Algunos analistas creen que otras naciones de la zona podrían seguir sus pasos.
Pero incluso en este complejo contexto tampoco pensemos en la expropiación como una rara avis que está solo viva en países poco garantistas jurídicamente. La inmensa mayoría de las constituciones reconocen el derecho de los poderes públicos a expropiar bienes de particulares por causas de interés público a cambio de una indemnización justa. Así ha sucedido en España con ferrocarriles, embalses, autopistas. En contrapartida tienen que darse -desgranan Alfredo Fernández-Rancaño y Javier Ybáñez, del bufete Garrigues- unas garantías y requisitos. "La expropiación no puede producirse sin un motivo y por la sola voluntad del Gobierno de turno", apuntan los expertos. Tiene que establecerse "quién la decide, cómo se justifica el interés público, de qué forma se establece, cómo se da audiencia al interesado...". O sea, garantías.
Otra derivada de este creciente nacionalismo económico es la enorme dificultad que algunos países ponen a la repatriación de capitales logrados por empresas extranjeras que operan lejos de casa. Por lo general, los mayores problemas se dan en naciones cuya divisa no es convertible. Pero la casuística es muy variada.
De este complejo asunto sabe bastante Shan Nair, consejero delegado de Nair & Co, una consultora que opera en más de 50 países y que está especializada en expansión internacional. Conoce de primera mano la enorme "burocracia y el papeleo" que, por ejemplo, exige China para obtener el permiso oficial (obligatorio) de exportación de dividendos. Además, en el caso chino, la dificultad de la repatriación -analiza Shan Nair- varía mucho en función de los tratados impositivos que haya firmado el coloso asiático con el país de procedencia de la compañía que quiere sacar los beneficios.
Esta discrecionalidad también se traslada a los célebres BRIC (acrónimo que engloba a Brasil, Rusia, India y China). De este grupo, los inversores perciben que Brasil y Rusia son los más "problemáticos", reflexiona Nair, mientras que, por el contrario, India facilita más las transferencias, aunque todo "el proceso debe hacerse a través del Banco de la Reserva India (RBI, según sus siglas inglés), que es quien tiene que dar la aprobación de salida cuando los volúmenes de divisas resultan relevantes".
Todo lo anterior también nos revela un mundo de relaciones cada vez más complejas donde lo político, lo social y lo económico se entremezclan creando una suerte de tejido de intereses en el que las empresas tienen que aprender a vivir.
Es bajo esta consideración cuando adquieren sentido productos financieros como determinados seguros (comercializados por la hasta ahora compañía pública Cesce y algunas aseguradoras privadas) que "protegen los riesgos de expropiación, nacionalización, confiscación de las instalaciones productivas situadas fuera de España o, por ejemplo, la imposibilidad de retorno de inversiones financieras, ya sea en forma de beneficios o dividendos", describen en la correduría March-Unipsa. Y es que, como aseguran en la agencia bursátil Norbolsa, "resulta nítido que las inversiones en países emergentes implican mayor peligro. Pero entendemos que las compañías analizan los binomios rentabilidad-riesgo". Por esta razón, muchas veces en América Latina asumir más incertidumbre ha supuesto mayores beneficios para las empresas.
Además de estos instrumentos y el uso del análisis, las compañías españolas han sabido utilizar también la financiación como guardaespaldas de sus operaciones en el exterior. "Las empresas de nuestro país manejan muy bien el apalancamiento, y los bancos no han entrado a financiar si no estaba bien cubierto y analizado el riesgo-país. Esta práctica ha sido un cortafuegos frente a situaciones potencialmente complicadas", explica Arturo Rojas, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Ya saben lo que decía el capitán Frank Furillo en la serie Canción triste de Hill Street: "Salgan y tengan cuidado ahí fuera".