Una solución que no es apta para todos
La ofensiva del Gobierno para controlar el cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las Administraciones públicas se ha reforzado con una medida fuertemente expeditiva, destinada a disciplinar corporaciones locales díscolas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada el pasado miércoles por el Senado, prevé la posibilidad de que el Ejecutivo central disuelva el equipo de gobierno de un ayuntamiento cuando este se niegue a realizar ajustes presupuestarios. La medida no es inédita en nuestro ordenamiento jurídico, dado que está prevista en la Ley de Bases de Régimen Local para aquellos supuestos en que se incurra en gestión "gravemente dañosa" para los intereses generales. Lo novedoso es el fin para el cual se quiere destinar y, sobre todo, la presunta firmeza que su inclusión revela. Presunta, porque en los últimos años España ha contado con ejemplos sobrados de gestión municipal gravemente dañosa sin que ello haya traído consigo el uso de esta prerrogativa. Solo se ha utilizado una vez: en 2006 en Marbella. Ello se debe a que su adopción exige una dosis de fortaleza política considerable para hacer frente a la previsible resistencia política que desataría. Pese a todo, la flamante Ley de Estabilidad Presupuestaria abre la puerta a la intervención solo en caso de que se hayan agotado sin éxito un buen número de medidas previas. Una gradación normativa que resulta lógica, pero que no debería utilizarse como excusa para retrasar -si resulta necesaria- la decisión de sustituir equipos de gobierno que se revelen manifiestamente incapaces o contrarios a poner en orden las arcas municipales.
La culminación de la normativa de estabilidad presupuestaria se produce cuando dentro y fuera de España aumentan las voces que piden flexibilizar la austeridad fiscal en aras del crecimiento. Sería un error, sin embargo, deducir de ese debate la existencia de una receta paralela y de corte radicalmente diferente para hacer frente a esta crisis. Como también lo sería alimentar un discurso que transmita a la ciudadanía la falsa idea de que todos los países europeos están financieramente preparados para poder levantar el pie del pedal en materia presupuestaria. Como recordaba ayer Mariano Rajoy con la pedagogía política que se echa mucho en falta en este Gobierno, un país no puede gastar lo que no tiene.
La puesta en marcha de una discusión legítima sobre la forma de incentivar la actividad económica en Europa puede derivar en la adopción de cierta flexibilidad fiscal en las economías más saneadas. Pero para aquellas que arrastran un déficit y un endeudamiento desmesurados, como es el caso España, la austeridad es obligada y el impulso al crecimiento puede apoyarse en más reformas, pero no en más gasto.