Presupuestos 2012

Hambre para hoy o hambre para mañana

Los Presupuestos de 2012 incorporan toda una batería de medidas para ir recuperando progresivamente el equilibrio presupuestario. Medidas tributarias excepcionales para aumentar los ingresos y sobre todo una reducción drástica de los gastos ministeriales. Los Presupuestos "más austeros de la democracia" no producirán recortes en las retribuciones brutas nominales de los funcionarios ni en el seguro por desempleo ni en las pensiones. Pero sí un tajazo sustancial en otras partidas. Por ejemplo, de los 13.400 millones de reducción del gasto no financiero de los ministerios, un 15,6% se concentrará en las transferencias en educación (530 millones) y en políticas activas de empleo (1.557 millones, la partida que sufriría la mayor reducción de todas las contempladas). A estas reducciones se deberán sumar las que seguirán haciendo en la mayoría de los presupuestos regionales. Estas cifras forman parte de la denominada consolidación fiscal. Y la verdad que asustan.

Asustan cuando el principal fundamento de la consolidación fiscal es permitirnos volver a tomar una senda de crecimiento sostenible. Asustan porque, si hay una variable que, sin lugar a ninguna polémica, es determinante del crecimiento económico, esta es el capital humano. Asustan porque si en algo tenemos retraso en comparación con los países de nuestro entorno es en educación y, en especial, en formación de nuestra población activa. Asustan porque si de verdad estos recortes se acaban materializando nos alejaremos aún más de Europa. Y, desde luego y sobre todo, asustan cuando, literalmente, la causa para justificar este recorte es que: "No se puede seguir financiando servicios porque tengan un buen nombre, ni apoyar programas que no son operativos a la hora de crear empleo".

Tanto en educación como en materia de políticas activas, existe margen para reformas y para una reasignación de recursos que nos permitan ser más eficaces y, también, eficientes. La evidencia empírica nos dice que reducciones del gasto educativo que impliquen, por ejemplo, un aumento marginal del tamaño de las clases no debería tener gran incidencia sobre los resultados escolares. En especial, si se compensan con reformas que otorguen, por ejemplo, una mayor autonomía a las escuelas y una mayor competencia entre universidades. Reformas que siempre son problemáticas de implementar, pero que hay que hacer de forma audaz y decisiva. Pero hay también otras partidas de gasto a las que no se puede renunciar, como es la atención temprana, el refuerzo escolar y la mejora de calidad de la formación profesional que requieren ineludiblemente de más gasto. En definitiva, debería asustar aún más que los recortes no se vean, además, acompañados de políticas de optimización de los recursos educativos disponibles.

En cuanto a las políticas activas, el tajazo previsto es realmente muy sustancial y, lo más sorprendente, incongruente. El recorte se producirá con una reasignación de recursos en la dirección contraria a la que recomienda la evidencia disponible.

Antes de la crisis, nuestro gasto en políticas activas sobre el PIB era inferior a la mayoría de países con las que desearíamos converger algún día. Ahora, con 3 millones de parados más, nos gastaremos un 25% menos que al inicio de la crisis, cuando los demás han reforzado sus políticas activas sin padecer un aumento significativo del desempleo. Las diferencias venían además por la asignación de los recursos: nos gastamos sustancialmente más que los demás en subvenciones al empleo, bastante menos en formación y casi nada en orientación a los desempleados. Durante la crisis, la única medida relevante ha sido doblar el número de orientadores, pero sigue siendo un número ridículo: unos 3.000 para 5 millones de parados. Pero, además, el gasto en formación por parado también era (y claro, ahora es aún más) muy pobre: la tercera parte que en Alemania o en Francia.

Pues bien, la última reforma laboral prevé seguir en la misma línea, con mayor gasto en subvenciones o bonificaciones, el tipo de política activa para el que tenemos abundantes argumentos teóricos y evidencia empírica sobre su inutilidad. El recorte afectará en especial a la formación a nuestros desempleados, con considerables necesidades de reciclaje. También afectará a otras partidas por las que apuesta esta reforma, como la colaboración público-privada en materia de colocación, y dejará a nuestros servicios públicos de empleo aún más maltrechos de lo que han estado tradicionalmente.

No se debería renunciar a las políticas de formación con la mera sospecha de que no parecen generar empleo en el corto plazo. Son uno de los escasos instrumentos que tenemos para compensar las altísimas tasas de abandono escolar que hemos padecido durante el periodo de bonanza y también el retraso educativo acumulado a lo largo de tantas décadas. Si no funcionan aquí, pero sí en otros países, con menos necesidades de capital humano que el nuestro, habrá que evaluarlas de forma rigurosa y encontrar los motivos. Optimizar el modelo de financiación, gestión y evaluación de nuestro sistema de formación profesional. Dar los pasos reglamentarios para que dejen de ser los reinos de taifa de nuestros agentes sociales. Sin estas medidas, no conseguiremos tomar el buen rumbo y, de nuevo, volveremos a pasar hambre mañana.

Florentino Felgueroso / Sergi Jiménez. Universidad de Oviedo / Universitat Pompeu Fabra. Investigadores de Fedea