COLUMNA

Aplicaciones del 0,7% del IRPF

Explicaba hace años el profesor Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, que las relaciones con el presidente José María Aznar habían sido de una deferencia y cordialidad extremas pero que las pretensiones de los obispos en absoluto progresaron. Sin embargo, señalaba también que los enconos y manifestaciones incitadas por Antonio María Rouco Varela contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en absoluto habían interferido para que la Conferencia alcanzara bajo el Gobierno socialista sus últimos objetivos económicos. Asombro y desconcierto causaban una y otra vez las proclamaciones de Zapatero, que amagaba con cambiar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980 mientras reiteraba el compromiso de mantener intocados los acuerdos suscritos entre el Estado y la Santa Sede que fueron ratificados el 4 de diciembre de 1979.

Cualquiera hubiera podido advertir que la oferta racional debería haber sido exactamente la contraria: mantener en sus términos la Ley de Libertad Religiosa, cuyos ocho artículos podrían seguir vigentes cincuenta años más sin molestar a nadie, y proceder de modo fulminante a la denuncia de los acuerdos con el Vaticano, que es donde se hacen las cesiones de soberanía inaceptables.

Volvamos a los pactos con la Santa Sede tantas veces citados y en particular el acuerdo sobre Asuntos Económicos donde se definían los sistemas de colaboración financiera de España con la Santa Sede mediante la asignación a la Iglesia Católica de un rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) siempre que cada contribuyente manifieste su voluntad expresa acerca del destino de la parte afectada. Para atender a nuevas necesidades, se entablaron negociaciones conducidas por la luz de nuestra progresía y vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que abocaron el 22 de septiembre de 2006 a un canje de notas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura Apostólica donde se acordaba la elevación del coeficiente de asignación tributaria al 0,7% y el "compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria".

Ahora que el cambio de signo de la economía ha impuesto una nueva disciplina de austeridades y recortes, de cumplimiento y rendición de cuentas, es buen momento de examinar esa "memoria justificativa de las cantidades recibidas" por la Iglesia Católica. Como las cantidades se reciben con carácter anual se entiende que la memoria justificativa también debe presentarse con esa misma periodicidad.

Basta entrar en la página web de la Conferencia Episcopal para acceder a esas memorias anuales, la última de las cuales es la que corresponde al año 2009. Se entiende por tanto que ni la de 2010 ni la de 2011 han debido remitirse todavía, a pesar de lo avanzado del año 2012 al Ministerio de Asuntos Exteriores. Asombra semejante laxitud tolerada en el cumplimiento de un compromiso tan bien definido y más aún que, en medio de esta vorágine de periodismo de investigación y de fiscalización por la Agencia Tributaria y por el Congreso de los Diputados, nadie haya prestado atención alguna al empleo del fondo neto de 210 millones de euros que dentro del capítulo que estamos mencionando recibió la Iglesia en el año 2009. Porque hay otros fondos procedentes del concierto de los centros escolares, de acuerdos en el ámbito de la beneficencia, de la conservación de bienes del patrimonio histórico artístico o de la cooperación internacional, que quedan fuera de esta consideración.

Anticipemos tres conceptos sorprendentes mientras obtenemos las explicaciones complementarias solicitadas. Primero, el de intensidad pastoral igual al tiempo dedicado a la pastoral por los agentes, dividido por el número de habitantes igual a 56,84 minutos por habitante. Segundo, el de pastoral recibida igual al tiempo recibido de actividad pastoral, dividido por número de fieles practicantes igual a 44,11 horas por fiel practicante. Y tercero, el de coste pastoral igual al coste de los servicios pastorales dividido por el número de fieles igual a 39,30 euros por fiel. Continuará.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista