Balance de la consulta de la CNE

Recetas para acabar con el déficit de tarifa

Nadie quiere ser la solución del problema. Los distintos agentes del sector eléctrico solo coinciden en que los ingresos por CO2 deben sufragar los costes del sistema.

El pasado viernes concluyó el plazo de 10 días que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) había fijado para la consulta pública lanzada a través de su web sobre cómo resolver, entre otros, el déficit de la tarifa eléctrica. La participación ha resultado masiva. Los principales afectados por la sangría de la desviación tarifaria, que asciende ya a 24.000 millones de euros, agotaron el plazo y entregaron sus opiniones el mismo viernes.

Las soluciones son múltiples y, en algunos casos, coincidentes según los intereses comunes de cada grupo: subidas de tarifas; tasas para la producción de energía nuclear e hidráulica; el llamado céntimo verde a los carburantes; la desaparición gradual de las tarifas (liberalización); liquidación de los costes de transición a la competencia (CTC); recorte o ajustes de las primas; de los pagos por capacidad o del servicio de interrumpibilidad de que disfruta la gran industria. También abundan las propuestas para un mejor funcionamiento de los mecanismos del mercado eléctrico y de las subastas de la electricidad que determinan el precio de la energía en la factura de la luz, la polémica Cesur.

Analizadas las propuestas que han presentado las principales asociaciones (Unesa, que integra a las cinco grandes compañías del sector; Unef, en representación del sector fotovoltaico; la AEE, del sector eólico; Protermosolar y las asociaciones de grandes consumidores), se puede concluir que, en general, todas plantean soluciones que salvaguardan sus intereses y quieren que el esfuerzo lo realice su contrario. Un caso llamativo ha sido el de las asociaciones de consumidores domésticos, que han optado por no opinar alegando, como en el caso de Facua, que el plazo era escaso y la medida "inútil".

Entre las propuestas, solo ha habido consenso en una muy concreta: tanto las empresas del régimen ordinario, como las de renovables y otros agentes del sector coinciden al solicitar que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2, que se realizarán a partir de 2013, se destinen a sufragar los costes del sistema. Por el momento, un porcentaje elevado de estos derechos se reciben de forma gratuita, pero, a partir del año que viene, la industria que los necesite para producir deberá adquirirlos a través de subastas. Estos pagos se considerarán ingresos fiscales, de los que los Estados podrán disponer libremente.

En general, las renovables piden que esos ingresos, que hay quien cifra en unos 500 millones al año, se utilicen para financiar los costes de estas tecnologías, mientras que las grandes eléctricas quieren que se destinen también a sufragar el bono social (que ahora financian ellas) y a subvencionar programas de eficiencia energética.

Aunque la subida de los peajes es para Unesa la principal solución contra el déficit, sus competidoras del régimen especial no se manifiestan con tanta contundencia. Los domésticos rechazan, lógicamente, cualquier subida tarifaria y piden, en declaraciones a CincoDías, que se mantenga el sistema de tarifas reguladas. Unesa y la AEE abogan por su desaparición, salvo para los tres millones que tienen el bono social y consideran "vulnerables".

El mecanismo trimestral de fijación del precio de la energía a través de las subastas Cesur, así como el mercado mayorista de la electricidad (pool) reciben críticas generalizadas, excepto de Unesa. Unef, la federación de asociaciones fotovoltaicas, arremete contra el funcionamiento de una subasta que determina el coste de la energía en la tarifa de último recurso (TUR) y que entre julio de 2009 y diciembre de 2010 ha supuesto un sobrecoste para los consumidores de 726 millones por "las prácticas especulativas utilizadas en dichas subastas".

En lo que va de año, añade esta agrupación, el precio de la Cesur ha resultado un 3% superior al del mercado diario de la electricidad y es el que pagan las comercializadoras por comprar realmente la energía que suministran.

Tasas e impuestos

La Unef propone como alternativa a estas subastas que el término energía de la TUR se obtenga "como promedio del precio real del mercado mayorista en el periodo de facturación o lectura anterior y, en todo caso, ajustarse en el siguiente periodo de facturación". También, que salgan del mercado las tecnologías que no compitan (nuclear y agua). Los intereses contrapuestos se dejan ver en el ataque a las primas de las renovables por parte de sus rivales, como Carbunión, que las considera causantes principales del déficit de tarifa. Y viceversa: las asociaciones de energías verdes piden que las ayudas al carbón pasen a los Presupuestos del Estado.

Esta vía de financiación es muy reclamada para muchos de los costes del sistema. Los grandes consumidores industriales integrados en AEGE piden que las arcas públicas sufraguen las primas a las renovables y unos y otros consideran que también el bono social o los extracostes de los sistemas extrapeninsulares deben ir vía Presupuestos.

Por contra, Unesa y las asociaciones de renovables comparten las críticas contra el pago por interrumpibilidad de las gran industria, que supuso el año pasado un coste de 522 millones de euros en los peajes de acceso. Un mecanismo obsoleto que defiende a capa y espada AEGE, por considerarlo un servicio "que permite mantener la competitividad de la industria intensiva en consumo de electricidad".

Las tasas y los impuestos son una de las soluciones más recurrentes que los agentes del sector proponen para sufragar el déficit. Por ejemplo, una tasa sobre la nuclear y la hidráulica (o una rebaja de su remuneración, como pide Protermosolar) o sobre los carburantes, el llamado céntimo verde, para financiar las renovables. Otra petición destacada desde el flanco verde, es que se liquiden los Costes de Transición a la Competencia (CTC) a las grandes eléctricas, que sumarían 3.000 millones.

Por contra, en el sector piden la eliminación de impuestos que gravan la actividad eléctrica sin que el sistema se beneficie de ello: el de la electricidad, criticado por Unesa y la AEE, asociación esta última que también pide IVA reducido para las renovables.

Las primas del régimen especial, que representarán este año 7.200 millones de la tarifa de acceso, han sido atacadas convenientemente por las grandes eléctrica, Carbunión o AEGE. En muchos de los casos, se solicita su salida del mercado o que se frene su desarrollo en tanto continúe la crisis de la demanda. Pese a que la moratoria a las primas para las nuevas instalaciones de renovables que acaba de aprobar el Gobierno no afectan a los megavatios termosolares que están inscritos en el prerregistro del Ministerio de Industria, Unesa reitera su petición de que la puesta en marcha de las plantas termosolares se retrase un tiempo. Las inversiones en estos casos se deben circunscribir a "proyectos piloto", según la patronal. Y es que, en su opinión, "acreditar primas a tecnologías inmaduras supone pagar la energía a costes de I+D".

Por contra, los eólicos piden que se levante la moratoria para sus proyectos que no han sido inscritos.

En el corto plazo, Unesa, que rechaza de plano una quita de la deuda que sus empresas financian, pide que se agilice su titulización (solo se podría condonar la deuda no titulizada).

El resto de propuestas se refieren a la revisión de distintas partidas de la tarifa, como la retribución del transporte y la distribución, para la que, en general, se pide mayor transparencia y eficiencia. Para las 300 pequeñas distribuidoras agrupadas en CIDE, que también han participado en la consulta, es preciso una simplificación de los trámites administrativos que exigen multitud de organismos, como la CNE, Omel o REE.

LOS CONSUMIDORES

Hay que mantener las tarifas

l Las asociaciones de consumidores domésticos no han presentado propuestas, en algunos casos alegando lo escaso del plazo. No obstante, su posición es que el déficit "está hinchado", porque las tarifas son fruto de las subastas Cesur y están por encima del precio real de la energía.

l Piden que el precio de la tarifa no se base en la Cesur, que el Gobierno no controla, y se opte por un sistema más objetivo y transparente.

l Quieren que se mantengan las tarifas reguladas y que no se caiga en la tentación de hacerlas desaparecer o limitarlas a muchos menos clientes, como pide Unesa.

l En el caso de los grandes consumidores de energía integrados en AEGE, estos defienden la interrumpibilidad, que casi todo el mundo ataca pues "no es la causa del déficit". Piden que los peajes de acceso que pagan sus asociados solo incluya los costes de las redes y no, por ejemplo, las primas a las renovables.

l Esta asociación, integrada por 40 grupos industriales, pide una tasa para la nuclear y la hidráulica; un ajuste de las primas de las renovables y que estas, al igual que las subvenciones a las extrapeninsulares, se financien vía Presupuestos del Estado.

l También que se frene la incorporación de las renovables no maduras al sistema, para que este sea sostenible; revisar la planificación, la retribución de la distribución y los pagos por capacidad.

CARBâN Y REDES

Mejorar el 'pool' eléctrico y las subastas

l Las pequeñas distribuidoras integradas en CIDE (300 en toda España) piden que se reduzcan y simplifiquen las gestiones administrativas con la multitud de entidades del sistema (reguladores, operadores del sistema y el mercado, etc.), lo que contribuirá a bajar los costes.

l Que el modelo de red de referencia no sea la herramienta para fijar la retribución de la distribución.

l Solicitan, asimismo, que el precio de la tarifa no se base en la subasta Cesur, que el Gobierno no controla, y se opte por otro sistema de fijación de precios y transparente, en el que intervenga el Gobierno.

l El sector del carbón, a través de Carbunión, pide, por su parte un control de las primas a las renovables (a las que considera principal causante del déficit tarifario), de su potencia instalada y que vayan accediendo poco a poco al mercado.

l También peajes suficientes para cubrir los costes regulados (subida de tarifas) y mecanismos para mejorar el funcionamiento del mercado para una correcta formación de precios manteniendo la prioridad para energías como el carbón.

EâLICA

El impuesto eléctrico y la interrumpibilidad

l La eólica no es culpable. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) subraya que su contribución al déficit el año pasado "fue cero", por lo que no quiere formar parte del grueso de la solución.

l Contra la moratoria. La eólica contribuye a cumplir los objetivos medioambientales a 2020 y su impacto en la tarifa de acceso podría ser "nulo a medio plazo". En este sentido, la AEE pide el levantamiento de la reciente moratoria y un marco regulatorio para los nuevos proyectos.

l 'Céntimo verde'. Para paliar el impacto de futuras subidas de la tarifa de acceso, defiende el céntimo verde y que los ingresos de las subastas de CO2 a partir de 2013 financien las energías renovables.

l IVA reducido. Los costes extrapeninsulares y el bono social deben ir a los Presupuestos Generales del Estado y solicita el IVA reducido para la generación renovable.

l Tarifas según consumo. El incremento de los peajes debe estar ligado al consumo y hay que limitar el alcance de la TUR.

l Impuesto eléctrico. La AEE se muestra contraria al impuesto de la electricidad y al sistema de interrumpibilidad.

FOTOVOLTAICA

Gravar los carburantes con el 'céntimo verde'

l Las empresas fotovoltaicas integradas en Unef proponen una reducción lineal no superior al 5% de "todos los costes del sistema".

l Limitar la participación en el mercado eléctrico de las empresas que estén integradas verticalmente.

l Fin de la Cesur. Esta subasta ha desestabilizado los precios, por lo que hay que combatirla por otro sistema de fijación de precios, como el promedio del precio del pool.

l Céntimo verde. Tasa a los productos petrolíferos y liquidar los Costes de Transición a la Competencia (CTC).

l Eliminar el concepto de prima. Sacar del mercado mayorista a las tecnologías que no compiten (nuclear e hidráulica) y fijar un precio regulado. Eliminar de los peajes los conceptos que sean inherentes a la generación, como las primas.

l Transparencia de la actividad de distribución y control de los precios de conexión.

l Ingresos por CO2. Destinar los ingresos de las subastas de derechos de emisión a sufragar parte de los costes de las renovables.

l Reducir los pagos por capacidad a las tecnologías de respaldo (400 de los 700 millones). También los pagos a la industria por interrumpibilidad (522 millones).

l Las ayudas al carbón deben pasar a los presupuestos y diferir el pago de la moratoria nuclear.

TERMOSOLAR

contra beneficios llovidos del cielo y CTC

l Quita a las eléctricas. Esta petición de la asociación Protermosolar se basa en la teoría del Supremo de beneficio razonable por los windfall profit de años anteriores.

l Liquidación de los CTC. Hay que regularizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) que está pendiente de liquidación y asciende a 3.000 millones.

l Devolución de los derechos de emisión que las eléctricas recibieron de forma gratuita desde 2005 y trasladaron al precio de la energía en el pool (4.200 millones).

l Bajar la remuneración de las centrales nucleares e hidráulicas ya amortizadas; revisar los costes de la distribución y reducir los pagos por capacidad a los ciclos combinados y la hidráulica.

l Subastas de CO2. Los ingresos por estas subastas deben destinarse a reducir el déficit. Será un nuevo ingreso fiscal para los países de la UE a partir de 2013 (unos 1.000 millones al año).

l Presupuestos del Estado. Estos deben sufragar todos los costes que puedan considerarse "apoyos sociales" (extrapeninsulares, moratoria nuclear, bono social, etc.)

l Retirar los apoyos al carbón nacional y pasar los compromisos de ayuda a la minería también a los Presupuestos del Estado.

l Contribución de otros sectores energéticos (petróleo) en la necesidad de un cambio en el sistema eléctrico para cumplir los objetivos medioambientales de la UE.

ELæpermil;CTRICAS

ES NECESARIO SUBIR LAS TARIFAS DE ACCESO

l Titulización urgente. A través de Unesa, las cinco grandes eléctricas proponen, respecto al déficit de tarifa acumulado (24.000 millones de euros), que el proceso de titulización de la deuda que ellas financian se complete "a la mayor brevedad posible".

l Subida de tarifas. En cuanto al déficit a futuro, la solución principal está en la actualización de las tarifas de acceso, y que estas retribuyan todos los costes.

l Liberalización del mercado. Medidas para liberalizar el mercado, eliminar el intervencionismo (por ejemplo con tasas a la nuclear y la hidráulica) y poniendo fin al concepto de tarifa de último recurso (TUR), a la que tienen derecho 20 millones de consumidores (el 84%).

l Tarifa para tres millones. Mantener solo una tarifa para los clientes vulnerables, que serían los que hoy tienen derecho al bono social (tres millones de clientes).

l Freno a nuevas inversiones. Dada la situación de crisis hay que frenar las inversiones en nueva capacidad y limitarlas a tecnologías eficientes. Inversiones en las no maduras, solo en proyectos piloto.

l Moratoria termosolar. Retrasar la puesta en marcha de instalaciones del prerregistro no afectadas por la nueva moratoria renovable, esto es, los 1.200 MWtermosolares.

l Subastas de CO2. A partir de 2013, los ingresos por la compra de derechos de emisión deben destinarse a reducir el sobrecoste de las renovables, el bono social y los programas de eficiencia energética.

l Tasas a transporte y vivienda. Se debe fijar una tasa a la emisión de gases de efecto invernadero a los llamados sectores difusos, como el transporte y la edificación.

l Interrumpibilidad e impuestos. Hay que revisar partidas ajenas al sector que distorsionan la factura eléctrica, como el impuesto de la electricidad o la compensación por interrumpibilidad.