Ayudar a las empresas es ayudar al empleo
La imparable sangría que está mermando el tejido empresarial español se ha recrudecido con virulencia en los últimos meses. Desde el pasado julio, un total de 35.000 empresas han echado el candado, según los últimos datos de la Seguridad Social. Es una cifra escalofriante, pero aun así no refleja en su totalidad el oscuro panorama a que se enfrentan los pequeños y medianos empresarios españoles, dado que la Seguridad Social no contabiliza los miles de negocios de autónomos sin empleados que también están sucumbiendo al azote de la crisis. Pese a ello, esas 35.000 empresas desaparecidas suponen un tercio del total de compañías destruidas desde el inicio de la recesión y no solo confirman los peores augurios en materia de crecimiento, sino también de ritmo de destrucción de empleo.
A la espera de que la encuesta de población activa (EPA) publique hoy de forma oficial sus datos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó ayer -con precisión inesperada- un nuevo y escalofriante récord de desempleo: 5,4 millones de parados. Una cifra que ha superado ya la barrera de lo insostenible y que hace urgente respaldar cuanto antes la creación y supervivencia de nuestras empresas como presupuesto necesario para crear empleo, ya sea a través de estímulos o con la eliminación de obstáculos y rigideces. Respecto a la primera vía -los estímulos-, el titular de Hacienda desveló que el Gobierno dará un balón de oxígeno a las pymes con la aprobación de una exención fiscal en el impuesto sobre sociedades para las plusvalías por la venta de activos fijos, siempre que estas se reinviertan en la actividad. Montoro puso fecha también a la prometida ley de emprendedores -será en abril- y adelantó que el Gobierno trabaja en la mejora de la tributación de los beneficios no retribuidos. Son medidas acertadas, pero cuyos resultados dependen de que sean puestas en marcha lo antes posible.
También la entrevista de ayer en Berlín entre Mariano Rajoy y la canciller alemana, Angela Merkel, se ha saldado con un acuerdo en el terreno de los estímulos laborales, una sintonía bien afinada. Ambos mandatarios han pactado la conveniencia de utilizar los excedentes de los fondos europeos para ayudar a crear empleo juvenil, un colectivo cuyo porcentaje de paro en España supera con creces el 40%. Se trata de una buena noticia, dado que el apoyo de Alemania prácticamente garantiza que la iniciativa contará con respaldo suficiente.
Pese a ello, la principal tarea que tiene España en materia de empleo se juega en la segunda vía: la eliminación de rigideces e ineficiencias. La propia Merkel se permitía recordar hace unos días que el problema del paro juvenil español tiene que ver con las deficiencias de la legislación laboral. Un secreto a voces destacado con insistencia desde estas páginas que, a estas alturas y desde algunas instancias -es el caso de unos agentes sociales que dan solo tímidos pasos hacia delante-, parece que todavía no se termina de comprender en profundidad.
Un país con casi cinco millones y medio de desempleados, cuatro de cada diez jóvenes en paro y la perspectiva de aglutinar más del 40% de la descomunal destrucción de empleo que muy probablemente padecerá este año la zona euro, tiene que reformar no solo su legislación, sino también la actitud de todos los agentes respecto al empleo.
Pese a los esfuerzos realizados en materia de moderación salarial, el acuerdo que han alcanzado finalmente patronal y sindicatos se puede considerar un avance, pero de ningún modo resulta suficiente. Mariano Rajoy insistía ayer en que el Gobierno está dispuesto a reformar la legislación laboral y reiteró su intención de simplificar la selvática maraña de modalidades de contratación que existen en la actualidad, así como de intervenir en otra de las grandes asignaturas pendientes del mercado de trabajo: la revisión de la negociación colectiva.
Ambas son tareas fundamentales y en ninguna de ellas debe fallarle el pulso. En la memoria de todos están muy presentes los reiterados intentos por parte de diversos Gobiernos de reformar a fondo la legislación laboral española, pero también los reiterados fracasos a la hora de llevarlo a cabo de forma suficientemente eficaz.