COLUMNA

Incumplimiento del déficit público en 2011

En el año 1995, el déficit de las Administraciones públicas de España fue del 7,2% del producto interior bruto, muy lejos del 3% exigido para entrar en la Unión Monetaria. En las elecciones que hubo fue designado presidente del Gobierno José María Aznar; me llamó y me dijo que pensaba crear la Oficina del Presupuesto dependiendo directamente de él con el rango de Secretaría de Estado, con el objetivo de ingresar en la Unión Monetaria. Le contesté que dada la situación de las cuentas públicas españolas, ese objetivo era casi imposible alcanzarlo, pero que si quería, podía darle dos o tres nombres de funcionarios que habían trabajado conmigo en el Presupuesto durante bastantes años, muy competentes, trabajadores y leales. Me contestó que España no podía perder otra vez la ocasión de estar en Europa y que para eso consideraba necesario que yo estuviera al frente de la Oficina del Presupuesto. Acepté, con la condición de marcharme en cuanto ingresáramos en la Unión Monetaria. El acuerdo se cumplió, España ingresó en la Unión Monetaria y yo me volví a mi cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo ejercía de profesor emérito.

En 2009, con un Gobierno socialista, el déficit público se desbordó, alcanzando el 11,2% del PIB. La Comisión Europea impuso a España un plan de reducción del déficit público para que al finalizar 2013 ese déficit no sobrepasara el 3% del PIB. El plan se ha ido desarrollando con normalidad hasta 2010. Sin embargo, en el año 2011 el déficit de las Administraciones públicas se ha situado en el 8% del PIB, cuando lo previsto en el plan era el 6%.

Ha sido un asunto verdaderamente lamentable que una vez más se dé lugar a que la Comisión Europea dude de la responsabilidad de España en el cumplimiento de los deberes acordados con dicha Comisión.

Los dos puntos del PIB que no han sido reducidos del déficit en 2011 es casi seguro que se acumularán por la Comisión al importe que hay que reducir en 2012, siguiendo el plan citado, lo cual hará imposible su cumplimiento, exponiéndonos a una intervención de la Comisión Europea. ¿Cómo piensa actuar el Gobierno, teniendo en cuenta el bajo nivel de crecimiento del PIB que presenta España?

Pienso que la única solución que nos queda es que los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y Economía y Competitividad, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente, acompañados de sus correspondientes equipos que tengan competencias en la materia que estamos tratando, se desplacen a Bruselas para tener una reunión con la Comisión Europea. Pero a dicha reunión hay que ir con un plan totalmente desarrollado, que tome como base las previsiones de crecimiento de la economía española para cada uno de los años del periodo 2012-2014 y, a la vista de los resultados estimados de ingresos y gastos, España proponga el plazo mínimo que solicita a la Comisión para rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, haciendo ver los efectos que tendrá sobre nuestro desarrollo, y que la Comisión, en definitiva, decida lo que considere procedente.

Aunque una parte importante del déficit se origina por las comunidades autónomas, en definitiva, el déficit total se imputa a España. Por ello, el Gobierno español, que es el responsable ante la Comunidad Europea, debe vigilar el comportamiento respecto de las cuentas públicas de todos los agentes públicos de la nación.

Son varias las veces que el Gobierno español incumple los límites de déficit asignados en el Tratado de la Unión Europea. Para corregir a la mayor brevedad las desviaciones que puedan suceder, considero que las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían remitir al Ministerio de Hacienda, al finalizar cada mes, datos acumulados de gastos e ingresos presupuestarios, lo que permitiría al Gobierno adoptar las medidas oportunas para alcanzar los objetivos de déficit fijados por la Comisión Europea a España.

José Barea. Catedrático Emérito de la UAM