Vía para privatizar las televisiones

El Gobierno tiene claro hasta dónde debe llegar la función estatal en una economía abierta integrada en Europa, entendiendo por estatal todas las Administraciones públicas. Y precisamente con una filosofía que considera ajena a la incumbencia pública la provisión de servicios informativos o de entretenimiento, como los que ahora proporcionan los 13 canales autonómicos de televisión existentes, ha abierto vías normativas para que los poderes públicos dispongan de un recorrido más polivalente en la gestión. Si un análisis puramente econométrico saca los colores a las televisiones autonómicas, con unas pérdidas de casi 1.300 millones de euros en 2010 y un coste de 84 euros por cada hogar, tiene poco sentido mantener aparatajes públicos tales con la simple función de proyectar propagandísticamente la gestión de los Gobiernos regionales, como si de un heraldo nacionalista se tratase en cada comunidad.

La reforma estudiada este viernes por el Consejo de Ministros abre la vía, respetando los poco justificados límites estatutarios, a una gestión más acorde con la realidad financiera, y con ella a la propia privatización, cuando no la liquidación, y debe valorarse como una apuesta decidida cuando la gran mayoría de las regiones están en manos del Partido Popular.