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Tribuna
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Auditoría de municipios: ¿preparados?

La Crisis (sí, con mayúscula) es, al parecer, la responsable de todos los males que nos acechan desde hace ya cuatro años. La Crisis es la causa del paro que nos azota, de que paguemos en España más intereses que ningún otro país de nuestro entorno, de que nuestro poder adquisitivo haya disminuido en proporciones considerables y de tantos y tantos otros problemas que nos impiden dormir con la paz y el sosiego que requeriría nuestro estrés diario.

Y la Crisis también ha puesto en una situación muy delicada a la Administración pública que, amparada por una época en la que las vacas engordaban a fuerza de la burbuja inmobiliaria que iba creciendo en sus estómagos, gastaba lo que no tenía con el firme propósito de devolver la deuda que generaba con los ingresos futuros que, a buen seguro, no le tenían que faltar. Hasta que la burbuja explotó y las Administraciones se encontraron con que sus vacas estaban famélicas y que no iban a ser suficientes para devolver lo gastado. Pero como no hay mal que por bien no venga, la Crisis también ha puesto sobre la mesa la necesidad de solucionar una carencia en la Administración que en época de vacas gordas pasaba desapercibida o, mejor dicho, era asumida y aceptada por la sociedad: la falta de control financiero y la escasa transparencia de sus cuentas. Si bien el Estado y las comunidades tenían medios destinados a garantizar la veracidad de la información (Intervención General, tribunales de cuentas, etc.), estos se han mostrado insuficientes para detectar la mala situación de las cuentas públicas, probablemente por falta de recursos.

En el caso de la Administración local, su situación es tan grave que supone que muchos municipios estén al borde del colapso y algunos estén ya en quiebra. Y lo que es peor: parece que acabamos de enterarnos, puesto que no han existido avisos previos que nos permitieran intuir esta situación.

La transformación del color político que se ha dado en este país en los últimos meses a todos los niveles (estatal, autonómico y local), y los aires de cambio que ha generado, han favorecido la idea de afrontar este problema como se merece: es imprescindible incrementar el control económico, financiero y legal sobre las cuentas de las Administraciones públicas. Y por ello, existe la voluntad política de revisar las cuentas municipales periódicamente, mediante la realización de auditorías obligatorias que aseguren la veracidad de la información presentada.

Pero para poner en marcha una medida de estas características, se ha de tener en cuenta que la Administración local viene de una época en la que el control de la información era escaso y, en consecuencia, en muchas ocasiones la documentación y la información no se han manejado con la suficiente rigurosidad. La experiencia, así como las escasas estadísticas que existen respecto a este tema, indican que la mayor parte de los ayuntamientos no están en la actualidad preparados para pasar una auditoría con las mínimas garantías de éxito. Es decir, no disponen de una documentación o información adecuadamente ordenada que permita la revisión de un auditor, que debe realizarse en un corto espacio de tiempo. Y para que puedan revisarte la cocina, primero hay que tenerla ordenada.

Y la consecuencia de esto es que el auditor se verá obligado a incluir en su informe lo que técnicamente se llaman "limitaciones al alcance del trabajo", es decir, áreas que no ha podido revisar, al no disponer de información para hacerlo. Y si estas limitaciones son importantes, el auditor se verá obligado a denegar la opinión, lo que significa que emitirá un informe diciendo que no puede opinar sobre si las cuentas de un ayuntamiento reflejan su situación económica y financiera real.

Con lo cual no se habrá ganado nada (seguiremos sin saber si las cuentas son fiables o no) y, además de otras consecuencias legales que pudiesen derivarse de esta situación, está claro que la imagen del municipio y de su equipo de gobierno no saldrá precisamente fortalecida. Con el fin de evitar esta situación es absolutamente necesario que los ayuntamientos se anticipen y pongan orden en su información y documentación antes de que vengan los auditores (que vendrán) y que las diputaciones, como organismos supramunicipales encargados de prestar apoyo a los ayuntamientos con recursos escasos, inicien una labor de información, formación y asesoramiento para que los consistorios puedan afrontar con garantía la revisión por parte de un auditor.

Ramón Roger. Socio de Auditoría de BDO

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