Integración europea y política tributaria en 2012
Sin duda, todos recordaremos 2011 como un año especialmente duro en el ámbito tributario, marcado por las medidas extraordinarias de carácter temporal iniciadas en el mes de agosto con la subida de pagos fraccionados y limitación de la compensación de pérdidas en el impuesto sobre sociedades y, sobre todo, por las anunciadas por el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre y la consiguiente subida temporal del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre bienes inmuebles para reducir el déficit público.
Sin embargo, en un horizonte temporal de largo plazo, lo más importante ocurrido en el pasado ejercicio para quienes nos dedicamos al derecho tributario no deben ser estas medidas, sino la causa última de las mismas, esto es, el proceso de refundación de la Unión Europea y las consecuencias que dicho proceso pueda tener en las políticas tributarias de los Estados integrantes del euro.
El devenir de la crisis de deuda en Europa parece dirigirnos irremisiblemente hacia un proceso de mayor integración europea en el que los Estados miembros tendrán que asumir cesiones adicionales de soberanía en ámbitos hasta ahora irrenunciables. Sería ilusorio pensar que la política tributaria, hasta ahora supuestamente amparada por la regla de la unanimidad en la adopción de acuerdos, va a escapar a dicho proceso.
Durante este 2011 hemos asistido, por ejemplo, a la presentación de la propuesta de directiva relativa a la base imponible común consolidada en el impuesto sobre sociedades, que actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento Europeo y sobre cuya tramitación oficial se superponen las exigencias de Francia y Alemania, que no solo reclaman su inmediata adopción, sino que incluso van más allá, exigiendo una armonización de tipos de gravamen y anunciando su intención de avanzar en tal sentido mediante mecanismos de cooperación reforzada o incluso acuerdos bilaterales.
En paralelo, las iniciativas Semestre Europeo y Pacto por el Euro Plus puestas en marcha en los últimos meses han reforzado notablemente la actividad tutelar ejercida por la Comisión Europea respecto de las políticas tributarias de los Estados. En tal sentido, son significativas las conclusiones alcanzadas en uno de los últimos informes de la Comisión, elaborado conjuntamente por las Direcciones Generales de Impuestos y Asuntos Económicos y Financieros, que no solo revisa la política tributaria de los Estados, sino que formula abiertamente sugerencias para la modificación de sus políticas tributarias, tales como:
l En el largo plazo, se propone mejorar la calidad de los sistemas tributarios nacionales desplazando carga fiscal desde los rendimientos del trabajo y empresariales hacia otras fórmulas impositivas, tales como la tributación indirecta, la recurrente sobre inmuebles y la ambiental, que se consideran menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo.
l Se critica la excesiva orientación de los sistemas tributarios europeos en materia de imposición directa, hacia la promoción del endeudamiento ajeno como fórmula de financiación del crecimiento, frente a las fórmulas de autofinanciación empresarial, sugiriéndose equiparar el tratamiento fiscal de ambas fórmulas de financiación.
l Se propone limitar exenciones y tipos reducidos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
l Se aboga por el incremento de las bases tributarias (mediante la limitación de deducciones y la eliminación de posibles lagunas de los sistema tributarios) que en términos recaudatorios deberían permitir reducciones de tipos de gravamen.
l Se propone incrementar el uso de la tributación ambiental para fomentar un uso selectivo de recursos escasos.
Por otra parte, se apunta que estos objetivos de largo plazo deben compatibilizarse con las necesidades inmediatas de consolidación presupuestaria requerida en algunos de los Estados y, en tal sentido, y con independencia de las medidas sustantivas adoptadas para conseguir tal consolidación, la Comisión también recomienda prestar especial atención a la eficiencia de los sistemas tributarios, la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
Es evidente que la política tributaria es un elemento indisociable de la política fiscal general y, por lo tanto, difícilmente podrá ser ajena al proceso de integración reforzada que surja de los nuevos tratados previstos en el Consejo Europeo del pasado 9 de diciembre.
Por ello, durante este año 2012 habremos de prestar especial atención a la evolución de esta unión reforzada, que sin duda podría cambiar absolutamente el entendimiento de las políticas tributarias nacionales, y el rol de la Comisión Europea en la definición global de la política tributaria en los Estados miembros.
Julio César García Muñoz. Socio del área fiscal de KPMG Abogados