Recortar para convencer, estimular para recuperar
El Gobierno de Mariano Rajoy estrena su gestión efectiva en el Consejo de Ministros del viernes 30, con un real decreto-ley que actualizará las pensiones, pero congelará el sueldo de los funcionarios y sajará unas cuantas partidas de gasto público que están en plena ejecución para mandar un primer mensaje inequívoco de que se cumplirá a rajatabla con el compromiso de reducir el déficit fiscal de 2012 hasta el 4,4% del PIB. El 30 de diciembre, el Gobierno tendrá una primera idea de cuál es el esfuerzo presupuestario anual para llegar al objetivo, pero difícilmente lo sabrá con exactitud, dado que las cuentas públicas no estarán completamente cerradas como para conocer al detalle el déficit actual en el Estado y mucho menos en las comunidades autónomas. Una vez que la intervención general del Estado tenga plenamente actualizado el estado financiero, y una vez depurado el escenario de la actividad para 2012 (el Gobierno actual cree que el elaborado es muy optimista y ya prevé un paisaje recesivo para la primavera), Hacienda preparará el proyecto de Presupuestos, y en él se contendrán ya los esfuerzos definitivos que tendrá que hacer en gastos e ingresos.
Ese primer esfuerzo, que puede generar una contracción perjudicial para la actividad, puesto que supone sacar de la circulación nada menos que entre dos o tres puntos de PIB de renta, es fundamental para que los mercados financieros, ese lugar inasible en el que nuestros financiadores se juegan sus recursos, valore la actitud y convicción del Gobierno y del país para recuperar su favor. España tiene un problema de déficit corriente muy abultado, concentrado sobre todo en las necesidades de capital, además de una elevada deuda pública y privada que precisa ser refinanciado. Por tanto, la alianza con los mercados es imprescindible para que el flujo de recursos no se interrumpa, y para que su precio se reduzca. La economía tiene un futuro muy complicado si no logra reducir el coste de la financiación pública y privada, y por ello las primeras señales convincentes acerca del recorte del déficit son determinantes.
En este caso, no obstante, y aunque se tarde unas semanas, la teoría debe ir acompañada por la práctica, con la identificación explícita y cuantificada de dónde se practican los recortes y dónde se incrementan los recursos. En muchos casos se trata de un ejercicio estructural que reduzca partidas de gasto para siempre por su naturaleza duplicada o simplemente infinanciable para una economía como la española. Y en otros, los esfuerzos tendrá que pedirlos el Gobierno de forma coyuntural.
Pero en todos ellos debe acompañarse una explicación racional de la decisión, así como una cuantificación del retorno financiero que proporciona. Hay muchos capítulos de gasto susceptibles de recorte, pero no será posible reducir el déficit en una cantidad que podría rondar los 25.000 millones de euros (Funcas lo cifra en más de 32.000) sin ajustes muy severos en algunos capítulos de gasto, o un incremento apreciable en algunos de los instrumentos tributarios. Muchos de los programas de gasto corresponden a derechos subjetivos, aunque no por ello dejan de ser recortables, aunque precisarían de una ley que cambie las condiciones de acceso de los ciudadanos, como en el caso del seguro de paro o las propias pensiones.
Y lo que parece inevitable es un aumento atrevido de algunas figuras impositivas, de aquellas que tienen gran potencia de tiro, como el impuesto sobre la renta o el IVA. Esta segunda opción puede ser la más indicada para reducir la capacidad de demanda y no dañar las exportaciones, pero tiene la inconveniencia de dañar los precios, además de generar bolsas adicionales de fraude, hasta el punto de que una previsión de ingresos basados en una subida del IVA podría ser fallida. Aunque el IRPF ha sido utilizado en los últimos años como reclamo electoral y únicamente se ha reducido la presión por esa vía, parece que ha llegado el momento de pensar en un tirón del IRPF en todos sus tramos, puesto que genera recursos ciertos y distribuye la carga de forma proporcional y progresiva.
Pero estas medidas de contracción y exigencia a la ciudadanía deben ser acompañadas de otras que abran una ventana de alivio, un estímulo a la actividad que se beneficie del efecto positivo que puede tener el convencimiento a los financiadores de que España cumplirá con su obligación.