Tres medidas concretas... pero, sobre todo, urgentes
Al igual que los partidos se ganan jugando bien desde el minuto uno, la grave situación en la que se encuentra la economía española obliga al nuevo Gobierno recién salido de las urnas a tomar medidas incluso antes de su formación. Son muchos los frentes a atacar, por lo que habrá que ser muy selectivos a la hora de priorizar esas medidas. En mi opinión, son tres las prioridades que debería de afrontar el nuevo Gobierno.
l Sector bancario. Mientras no se limpien los balances bancarios de los activos inmobiliarios improductivos no fluirá el crédito, lo que ahoga las posibilidades de una recuperación.
A pesar de la profunda reestructuración llevada a cabo, los mercados siguen sin confiar en la banca española. El Banco de España ha dicho recientemente que las provisiones existentes son suficientes para afrontar un escenario adverso para hacer frente a la cifra por él estimada de 176.000 millones de euros. Sin embargo, frente a esta versión oficial de los hechos, otras instituciones ofrecen opiniones menos optimistas. Sin ir más lejos, BBVA cifró hace escasos días en más de 60.000 millones de euros las pérdidas no provisionadas en el riesgo inmobiliario.
Reconocer más pérdidas presenta algunas ventajas (caería el precio de los inmuebles, se liquidarían activos improductivos, mejoraría la imagen externa de la banca española, lo que se traduciría en un mejor acceso a los mercados a menores tipos que abriría el grifo del crédito bancario), si bien presenta como gran inconveniente la necesidad de inyectar más capital público para sanear los balances. Y en este último punto me temo que la única solución es el acceso al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), lo que exigiría presentar un plan aceptando la consiguiente condicionalidad de Bruselas.
l Mercado de trabajo. Las reformas hasta ahora implementadas en el mercado de trabajo han sido un rotundo fracaso, como demuestra el hecho de tener una de las tasas de paro más elevadas del mundo. Mientras no se abarate sustancialmente el coste del despido, las empresas no volverán a crear empleo. El contrato único que proponemos algunos economistas, con contratos fijos desde el principio pero con indemnizaciones por despido crecientes en el tiempo, creo que es la vía a seguir. Es cierto que este contrato único no va a reducir el paro hasta que no vuelva la demanda, pero cuando vuelva, incentivará la creación de empleo.
En paralelo, es necesario reformar el sistema de negociación salarial, haciendo que sea a nivel de empresa y con salarios vinculados a la productividad. Además, dado que España no puede recuperar competitividad vía tipo de cambio, es necesario una reducción de los costes laborales unitarios, lo que exige moderación salarial y devaluación fiscal. Una reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa ayudaría a recuperar competitividad.
l Sector público. Mi tercera medida sería mejorar la eficiencia en el gasto público para alcanzar los compromisos adquiridos con Bruselas. El problema de España no es el tamaño del sector público (no es mayor al de otras economías desarrolladas), si bien los compromisos adquiridos con Bruselas y la disciplina del mercado nos obligan a reducir el gasto.
El Gobierno recién elegido ha anunciado que va a cumplir los objetivos marcados de déficit público para 2013 (3% del PIB), lo que va a exigir recortar el gasto público o aumentar impuestos hasta ese año en un 4,4% del PIB, es decir, casi 50.000 millones de euros. Hay que ser conscientes de que ese cumplimiento obligará a rebajar las perspectivas de crecimiento. Así, aunque la Comisión prevé un crecimiento del PIB del 0,7% para 2011 y 2012 y del 1,4% para 2013, el recorte del gasto público obliga a rebajar esas previsiones de crecimiento, así como las de creación de empleo. Sin ir más lejos, esta misma semana, Funcas ha recortado al -0,5% su previsión de crecimiento del PIB para 2012, aumentando la tasa de paro hasta el 23%. Por tanto, hay que compensar el efecto negativo de la austeridad con otras medidas que mejoren el crecimiento, evitando recortar las partidas del gasto más directamente vinculadas a las ganancias de productividad (como la I+D o la educación), aunque para ello haya que subir algún impuesto.
España no puede vivir mucho tiempo con una prima de riesgo en los elevados niveles actuales, ya que ello supone pagar un porcentaje demasiado elevado del presupuesto solo en costes de la deuda. Además, el tipo de interés prohibitivo del 7% de la emisión de deuda pública a largo plazo de la semana pasada y de la emisión de ayer (con un tipo a tres y seis meses superior al 5%) se traslada al coste de la financiación del resto de los agentes económicos, sobre todo a la banca, que afronta el año que viene 131.000 millones de vencimientos de deuda.
Por tanto, es necesario adoptar medidas claras, concretas y de forma inmediata, aprovechando la ventaja que confiere la mayoría absoluta. En caso contrario, si la situación actual persistiera durante demasiado tiempo, no habría más remedio que presentar un plan detallado de compromisos a Bruselas para poder acceder a la financiación del FEEF antes de que sea Bruselas la que siga imponiéndonos más condiciones. Pero desgraciadamente todavía persiste la incertidumbre de cómo ese fondo va a pasar de ser una propuesta a una realidad. Por tanto, a muy corto plazo, es vital la ayuda del Banco Central Europeo, tanto financiando a nuestros bancos como interviniendo en los mercados secundarios de deuda pública para relajar la prima de riesgo.
Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie