España no puede esperar a diciembre
Pese a que la evolución vertiginosa que ha seguido la prima de riesgo española en las últimas jornadas no hacía presuponer otra cosa, el máximo que alcanzó ayer -rozó los 500 puntos básicos- ha colocado a España más cerca que nunca del rescate. Solo las decididas compras del BCE hicieron flexionar a la baja la escalada, y al final el riesgo país volvió a los 459 puntos con que comenzó una jornada de infarto. La presión que de forma tenaz y sostenida han ejercido los mercados financieros sobre la deuda soberana se ha traducido en la última subasta del Tesoro en una colocación de bonos a 10 años a un desorbitado 7% de interés. Ello supone que España tendrá que pagar a los niveles de 1997, con la circunstancia agravante añadida de que el objetivo de la subasta -que se situaba en una horquilla de entre 3.000 y 4.000 millones de euros- se ha quedado en unos muy ajustados 3.273 millones.
Aunque la economía española no sea la única víctima de la brutal tormenta que asuela Europa, el resultado de la colocación de ayer evidencia los defectos de un estrategia de financiación que ha sido incapaz de evaluar en toda su crudeza y dimensión el alcance y la duración de esta crisis. Esa planificación ha colocado a España bajo la espada de Damocles de un calendario de vencimientos de deuda asfixiante, que supone un gravísimo problema para el conjunto de la economía y con el que deberá bregar el Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo. A tres días de la cita electoral, la presión sobre el riesgo soberano hace impensable la posibilidad de que se pueda adoptar como plácido horizonte de actuación la fecha del traspaso de poderes entre el Gobierno en funciones y el nuevo Ejecutivo, previsto para la víspera de Nochebuena. Así lo ha recordado la patronal de los empresarios, que acertadamente ha reclamado el anuncio "inmediato" -el día posterior a los comicios- de las medidas de ajuste que debe afrontar la economía española, así como la pronta explicación por el futuro presidente del Gobierno de ese paquete de reformas ante las autoridades de Bruselas para su urgente puesta en práctica.
La petición de CEOE apunta directamente a la necesidad de que el presidente del Gobierno actual, José Luis Rodríguez Zapatero, y su sucesor -a tenor de todas las encuestas, Mariano Rajoy- se tiendan la mano antes de la fecha de relevo oficial y adopten las medidas más urgentes para permitir a España poder defenderse de la insoportable presión sobre su deuda soberana. Si bien el futuro Ejecutivo no podrá ejercer su potestad de forma plena y efectiva hasta que se produzca el traspaso oficial de poderes, España contará hasta entonces con un Gabinete en funciones que no solo tiene la posibilidad legítima -aunque restringida normativamente-, sino también la responsabilidad irrenunciable de ejercer las competencias que la ley le permite, y hacerlo de forma coordinada con el nuevo Ejecutivo. Se trata de una exigencia en absoluto heterodoxa o descabellada, como demuestra el ejemplo suficientemente cercano de un socio europeo como Bélgica.
Aunque resulte obvio que no se trata de un modelo a imitar -hoy se cumplen 523 días con un Gobierno belga en funciones-, Bélgica ha demostrado que un Ejecutivo en transición puede y debe tomar decisiones trascendentales: desde la contribución a los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal, hasta la participación en una guerra como la de Libia. A favor del Gobierno en funciones de Yves Leterme, primer ministro saliente, ha jugado el hecho de que el Parlamento ya estuviera constituido.
En España no se dará esa circunstancia durante el próximo mes, pero ello no obsta para propiciar un acuerdo entre el presidente en funciones y el electo con el objetivo de adoptar decisiones que de ningún modo pueden esperar. Al ritmo en que se ha ido incrementando la presión de los mercados, se ha desacelerado la economía y ha seguido aumentando el paro, y dado el tortuoso camino que la deuda soberana y su enorme coste han emprendido, dilatar la parálisis de gobernanza que ha vivido España desde la convocatoria de las elecciones generales supone abocar al país a un rescate inmediato y provocar un daño difícilmente reparable a su maltratada y devaluada imagen en los mercados.