"En Andalucía no hay retraso en el pago del turno de oficio"

Representa a casi 5.300 letrados malagueños, que han visto con satisfacción cómo su decano hacía más visible su colegio y sus preocupaciones dentro de Andalucía y de España.

Manuel Camas destaca por su sencillez. Dentro de un año cumplirá su segundo mandato como máximo responsable de los abogados malagueños -cargo al que no se podrá volver a presentar por los estatutos- y asegura que su gestión ha sido posible gracias a su familia y a la ayuda de sus compañeros. "Si de algo puedo presumir es de la gente que me rodea", advirtió, "ellos son los verdaderos artífices de lo que poco a poco hemos ido consiguiendo".

¿Cómo está el turno de oficio en Andalucía?

Debemos reconocer que tenemos problemas económicos en todas las comunidades, pero en Andalucía hemos llegado a una serie de acuerdos con la Consejería de Gobernación y Justicia, que es la responsable del turno de oficio, para que adelante mensualmente la liquidación en cantidades fijas. Esto está produciendo hoy por hoy el abono de los honorarios a los letrados que prestan asistencia gratuita, con lo que se puede afirmar que en Andalucía no hay retraso en el pago del turno de oficio. Ya está abonado el primer trimestre del año y se empieza a pagar el siguiente.

¿Qué le parece que otras comunidades recorten este derecho?

Se trata de un derecho básico y muy apreciado por los ciudadanos. Muchas personas no tendrían asesoramiento jurídico si la Administración no les apoyara. Perder ese derecho o limitarlo supone reducir el acceso a la justicia y eso, que suena a grave, es muy grave. El 70% de las actuaciones del turno de oficio es la asistencia a personas con problemas en el ámbito penal y que no se pueden juzgar si no está adecuadamente defendida. El Estado de Derecho no puede funcionar sin esa asistencia letrada, así que es posible que pueda gestionar mejor, pero no se puede reducir.

¿Cómo ve el copago que algunas Administraciones proponen?

No entiendo que sea la solución. Quizás habría que analizar el nivel de acceso a la justicia gratuita, pero siempre teniendo en cuenta que la persona que pide un letrado de oficio no suele ser que lo quiera por gusto, sino que responde a una necesidad. Además, entendido el copago como una medida utilizada para disuadir al uso de un derecho, realmente no tiene sentido. Quienes reciben asistencia jurídica gratuita se tienen que someter a un examen muy riguroso del patrimonio económico.

Respecto a otro tema de actualidad, ¿el acceso a la profesión del abogado ha mejorado con el nuevo reglamento? ¿Qué le parece el resultado?

La Ley de Acceso nos coloca en línea con Europa. A partir de ahora, queda trabajar mucho en la implantación del sistema. Gracias a la colaboración con la Universidad de Málaga, el Colegio de Abogados de Málaga cuenta desde hace dos años con un máster oficial aprobado por Aneca, que ahora habrá que modificar en algún matiz.

¿Y cómo está funcionando ya este máster?

La experiencia que tenemos es absolutamente positiva. Participa del todo el sistema de becas públicas y, como el alumno es universitario, cuenta con su correspondiente seguro escolar. Tampoco existen dudas de que cuando hace prácticas asume la categoría de alumno en prácticas, con lo cual los despachos no tienen ningún inconveniente en acogerle. Cada año se suelen matricular unos 200 alumnos y muchos ya están en un despacho, pero quien no lo tiene se le proporciona.

¿Era necesario un máster?

El máster le proporciona conocimiento y le da un bagaje práctico importante avalado por un profesorado que se dedica a ejercer

¿Es partidario de que su máster sea también para jueces?

No entendería que fuera de otra manera. Sería muy difícil de explicar a la sociedad y a quienes pretenden iniciarse en la carrera judicial que fueran modelos diferentes. Resulta complicado de entender que los profesionales que se presentan a la oposición de la carrera judicial no hayan completado sus estudios de Derecho también desde el punto de vista práctico, y eso lo aporta el máster de la abogacía. Es muy importante para la administración de la justicia que ese máster sea común para que además se profundice en el conocimiento personal de ambas profesiones y para ofrecer, también, salidas a quienes no aprueben la oposición. Tenemos jueces de enorme categoría profesional con gran conocimiento del Derecho que al principio de su carrera no tuvieron esa experiencia práctica.

¿Cómo se encuentra la abogacía andaluza?

La crisis nos afecta a todos. A ese reto está reaccionando sabiendo que se tiene que adaptar a un mundo muy diferente, apostando por la formación y el reciclaje de su conocimiento hacia ámbitos que tienen mayor demanda.

"Es bueno que los mandatos sean limitados"

El máximo responsable de la abogacía malagueña considera que "es bueno, en todos los ámbitos de la vida pública, que los mandatos sean limitados". Desde su punto de vista, el poder tiene que dar oportunidad a nuevas ideas porque asegura que la intensidad de un puesto de responsabilidad resulta muy alta.Por eso, Manuel Camas no tiene miedo de volver a su despacho. Considera que el reto es apasionante. "Los abogados estamos repensando la manera de reorganizar los despachos. Cada vez hay más compañeros que unen sus esfuerzos, compartiendo ingresos, gastos y la propia imagen. Hay una apuesta decidida por la innovación tecnológica y por que el cliente tenga más acceso a la información", sentenció.Cuando se le pregunta por la actuación que le ha dado más satisfacción dentro de gestión como decano, Camas rehúsa calificarla, prefiere hablar del empeño que le ha ocupado estos años: que el Colegio de Abogados fuera percibido por la sociedad como una institución abierta, de una abogacía preocupada por su formación, por atender a los problemas de la sociedad y a la de sus colegiados. Destaca también el congreso de la abogacía malagueña, que lleva cinco años, pero con la innovación de un modelo científico.Camas no obvia los temas más incómodos. De los casos de corrupción que inundaron Marbella, el decano sostiene que "la vida cotidiana de la abogacía malagueña tiene poco que ver con aquellos escándalos de corrupción política, pero esos casos han servido para poner de manifiesto la urgente necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal".