Las millonarias indemnizaciones en NCG elevan la presión sobre Ordóñez

Las millonarias indemnizaciones percibidas por exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) han salpicado al Banco de España. Todas las fuerzas políticas, salvo el PSOE, han pedido que asuma su responsabilidad en el escándalo, que se produce en plena reconversión de las cajas y a pocos días de las elecciones generales. El supervisor se defiende señalando que no tiene competencias sobre retribuciones y que la tutela de las cajas corresponde a las autonomías.

El cruce de acusaciones para depurar responsabilidades sobre las millonarias indemnizaciones a exdirectivos de NCG, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, subió ayer de tono y colocó al Banco de España en el blanco de las denuncias. Estos ataques se producen a solo 46 días de la celebración de las próximas elecciones generales, a menos de un año de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cumpla su mandato y en plena reconversión de las entidades de ahorro. En el caso de NCG, acaba de recibir una inyección pública de casi 2.500 millones de euros para su recapitalización. Además, debilitan aún más al supervisor, centro de las críticas desde hace meses por su papel en la actual crisis y en la gestión de la intervenida CAM.

Ayer, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que su partido promoverá una "profunda reforma" del Banco de España para garantizar el buen gobierno de las entidades y, sobre todo, de aquellas que hayan recibido ayudas del Estado. Sáenz de Santamaría acusó a Ordóñez y al Ministerio de Economía de no haber puesto en marcha los mecanismos para impedir que se produzcan situaciones como la de NCG y pidió que se "restituyan" estos fondos. Se refería a los más de 25 millones de euros que habrían cobrado cuatro exdirectivos de NCG (José Luis Pego, âscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García Paredes) en concepto de indemnización y prejubilación tras su salida de la entidad.

Una polémica a la que se ha sumado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer animó al Banco de España a adoptar una decisión con la legislación vigente sobre estos pagos, pues si dependiera del Gobierno gallego "ya estarían tomadas".

El Banco de España esgrime que tiene competencias sobre la solvencia de las entidades, pero no sobre retribuciones, y que a quien corresponde la tutela es a las comunidades. Una postura que ayer respaldó el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al contestar a la portavoz del PP que no era necesaria una reforma del Banco de España sino solo "que llame sin más (en referencia a Sáenz de Santamaría) a los presidentes autonómicos y les diga que tienen la tarea de supervisar las cajas e impidan que se cometan estos disparates, que alarman a los ciudadanos y que les irritan extraordinariamente".

Fuentes del sector aseguran que, aunque la legislación sobre cajas la desarrollan los organismos autonómicos, las facultades son compartidas en determinadas materias y en otras se delegan al supervisor financiero. En principio, por tanto, añaden en el caso de los sueldos están bajo la lupa de ambos.

Más contundentes aún se mostraron Izquierda Unida y los sindicatos. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, exigió la dimisión del gobernador por haber permitido que las cajas "quebradas", que han tenido que ser rescatadas por el Estado, hayan incurrido en la "malversación de fondos públicos" para que se "forrasen" sus directivos. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó que Ordóñez "ha descuidado su responsabilidad de supervisión", mientras que el secretario general de CC OO de Andalucía, Francisco Carbonero, señaló que "alguien debería detener al gobernador del Banco de España o si tiene vergüenza dimitir e irse".

La labor de los órganos de gobierno

Otro de los puntos de fricción en el actual escándalo es el papel de los órganos de gobierno de la entidad gallega, encargados de dar el visto bueno a los contratos de alta dirección, y en el que están presentes representantes de los diferentes partidos políticos, así como de los sindicatos, clientes y otros órganos representativos de la sociedad. De hecho, la comisión de control de Novacaixagalicia, que debe aprobar los acuerdos del consejo de administración, cuenta con un miembro de la Xunta.Sin embargo, algunos de sus miembros manifiestan que desconocían estas cifras. Sin ir más lejos, el pasado martes, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Coruña, Mar Barcón, presentó su dimisión como consejera de la entidad tras conocer con detalle estos pagos. Y ayer el consejero de NCG, Xosé Luis Veiga Lage, negó que este órgano autorizara las retribuciones.Exdirectivos de la entidad gallega afirman que no les sorprende que los miembros del consejo no fueran informados de las cifras de las prejubilaciones de la alta dirección, así como de la cuantía de sus blindajes. "Cuando yo asistía los consejos las actas no se leían, se resumían y no se entregaban en papel a los miembros del órgano de gobierno", asegura un exconsejero de una de las dos cajas de ahorro gallegas. Añade que, por tanto, no le extrañaría que Barcón hubiera firmado las actas en cuestión sin conocer su contenido al completo.

Auditoría

El nuevo equipo gestor de NCG, encabezado por José María Castellano, presidente del nuevo banco, y César González-Bueno, consejero delegado, ha abierto una auditoría interna para analizar las condiciones de los contratos y comprobar si en estos se ha incurrido en alguna irregularidad. Si se detectaran, se tomarían las medidas que el consejo estimara oportunas. Sin embargo, desde la caja se tienen pocas esperanzas de que pueda haber responsabilidad civil o penal.