Medidas energéticas en el limbo electoral
Todo el esfuerzo legislativo del Ministerio de Industria de los últimos meses ha caído en saco roto tras conocerse el adelanto de las elecciones generales al próximo otoño. Importantes normas y medidas energéticas previstas por el departamento que dirige Miguel Sebastián se quedarán en el cajón a la espera de que las retome el Gobierno que surja de las urnas.
En un alarde de optimismo, o quizás producto de un malentendido, Sebastián aseguró el lunes que dos normas relevantes lograrán superar el trámite parlamentario. Se trata de las reformas de la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sector Eléctrico que traspone sendas directivas sobre normas comunes del mercado interior del gas y la electricidad, respectivamente.
Teniendo en cuenta que acaban de ser aprobadas por el Consejo de Ministros, por lo que apenas han iniciado el trámite parlamentario, y que a las Cortes les quedan solo tres semanas hábiles hasta su disolución el 26 de septiembre, todos los expertos consultados consideran muerto el proceso. De hecho, contando con que no se hubiesen adelantado los comicios, el Gobierno ya había calculado que estaban en el plazo límite de su aprobación.
Para que pudieran salir adelante, in extremis, apelando a que se trata de dos transposiciones cuyo plazo terminó en julio, deberían ser aprobadas por trámite de urgencia y contar con la buena voluntad de los grupos parlamentarios. Algo que, en el caso del Partido Popular, está absolutamente descartado.
Los populares, que confían en llegar al poder, prefieren mantener abiertas las reformas de estas leyes, que podrían aprovechar para incluir algunos cambios que tienen en mente, como los referidos al funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que pretende disolver. Una fechoría antidemocrática en la que ya incurrió el primer Gobierno del PP presidido por José María Aznar.
Sea como fuere, nadie apuesta por que estas transposiciones, que incluye, entre otro, cambios en el funcionamiento de los gestores de las redes de transporte de electricidad (REE) y de gas (Enagás), una nueva definición de tarifa social o tasas medioambientales en la tarifa por parte de las comunidades autónomas, puedan llegar a buen puerto antes de que acabe la actual legislatura.
Menos aún el real decreto sobre el nuevo marco regulatorio de la energía eólica, que sustituiría al que expira en 2012. Y es que en este caso, que no requiere el plácet del Parlamento, el Ministerio de Industria ha optado por no aprobarlo, tal como declaró el propio ministro Miguel Sebastián.
Un jarro de agua fría para el sector eólico, que hubiesen preferido la mano de este Gobierno -quizás porque le consideran más débil, porque ya conocen a sus responsables o por una simple cuestión de plazos- para diseñar el nuevo marco retributivo. Pese a lo que se pudiera creer, en general, los ejecutivos de las empresas energéticas no se sienten felices con el cambio político: las grandes compañías, porque han conseguido que el actual Gobierno otorgase el aval del Estado a la titulización del déficit de tarifa (unos 22.000 millones de euros acumulados), con lo que han logrado colocar este año 7.000 millones de deuda en cuatro emisiones.
En el caso de las pequeñas empresas (léase, fotovoltaicas), porque, a la vista de las escasas propuestas electorales del PP, todo apunta a que este partido tiene intención de recortar aún más las primas que reciben o proceder a una moratoria de la capacidad de generación fotovoltaica.
De momento, aunque la semana pasada estaba prevista la quinta emisión de la deuda eléctrica, la situación de los mercados lo desaconsejó. Todo ello, antes de que se conociera un adelanto electoral que no se sabe cómo influirá en esta cuestión. Al igual que en el caso anterior, el Gobierno, al considerase en funciones, podría optar por congelar cualquier tipo de decisión importante.
Otra medida pendiente y de importancia para las grandes del sector, es el reglamento sobre los pagos por capacidad, que recibirían esencialmente las centrales de ciclo combinado y las de carbón de importación, afectadas por la caída de la demanda y las medidas de apoyo al carbón nacional. Aunque el ministerio no ha dicho nada al respecto, la norma debe ser dictaminada aún por la CNE, cuyo consejo tiene previsto reunirse los días 18 y 25 de este mes, antes de recibir el visto bueno del Gobierno.
Pero hay otras cuestiones energéticas que podrían quedar también en el tintero: por supuesto, la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, por el que nadie apuesta ya desde la catástrofe del complejo nuclear de Fukushima. Un desastre que, por el contrario, debería haber impulsado un proyecto que proporcionará mayor seguridad a la custodia de los residuos generados por el parque nuclear español.
El adelanto electoral tampoco ha resultado una buena noticia para los fabricantes de biodiésel, que habían logrado convencer al Gobierno para que fijará, a través de un real decreto, cupos a la producción para evitar la importación desleal de Argentina. Dado que el Ministerio de Industria lo había metido en un cajón por presiones del Gobierno argentino, quizá el sector (de sobrevivir) albergue esperanzas en el relevo político.