El Gobierno crea un fondo para comprar derechos de emisión de CO2

Licencia para contaminar

España se dispone a constituir un fondo de carbono para cumplir con los compromisos de recorte de los niveles de CO2 adquiridos con el Protocolo de Kyoto y la UE. El fondo adquirirá, con cargo a los Presupuestos, derechos de emisión de dióxido de carbono, gracias a los cuales podrá compensar posibles excesos.

Contaminación procedente de una planta de carbón
Contaminación procedente de una planta de carbón

En el marco de la lucha contra el cambio climático, el Gobierno ha decidido crear un fondo de carbono que sirva como dique de contención y que ayude a cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente a través del Protocolo de Kyoto y con la Unión Europea. De acuerdo con el primero, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España no pueden exceder los niveles de 1990 en más de un 15% en el periodo 2008-2012. La meta de la UE es que, para el año 2020, se produzca un 20% menos de emisiones de GEI, el consumo energético se reduzca en un 20% y las renovables cubran un 20% de las necesidades energéticas.

El borrador del Real Decreto del "Fondo de carbono para una economía sostenible", que estará abierto a alegaciones hasta el 15 de agosto, establece la adquisición de créditos de carbono (CER), definidos como "unidades transmisibles equivalentes a una tonelada de CO2".

Pero, ¿de dónde salen estos créditos de carbono? Para empezar, el Gobierno fija un techo de polución para España en un periodo determinado, que se recoge en el Plan Nacional de Asignación. La cantidad total de contaminación permitida a las grandes instalaciones energéticas e industriales se divide después en CER, que suponen, de facto, "licencias para contaminar" asignadas a cada una de las citadas instalaciones.

Si una instalación es capaz de producir polución por un valor menor de los créditos que posee, puede vender su excedente a otras que tengan la "necesidad" de ser más sucias. Es lo que se conoce como el sistema de "tope y trueque". El mercado defiende este régimen como medio de incentivar la eficiencia tecnológica y la disminución de las emisiones, mientras que los ecologistas denuncian que esta medida se aprovecha para seguir contaminando aquí a través de la compra derechos de reducción en el extranjero.

El Fondo de carbono para una economía sostenible subvenciona, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la adquisición de estos derechos de emisión CER "derivados de proyectos ubicados en el territorio nacional" y de proyectos extranjeros centrados en "eficiencia energética, renovables y gestión de residuos". De este modo, España puede rebasar los límites establecidos de emisiones pero no incumplir los objetivos. Al destinar el dinero a proyectos que reducen las emisiones, lo que se contamina de más se compensa con lo que esos proyectos han contaminado de menos.

Gradualmente, el Gobierno va recortando los derechos de emisión disponibles. Para el periodo 2008-2012, el sector energético tiene asignadas 54,05 megatoneladas (un millón de toneladas, Mt) de CO2 al año y el sector industrial 73,64 Mt. A partir de 2013, y hasta 2020, se estipularán márgenes más restrictivos.

"Si se quiere generar más contaminación de la permitida, hay que invertir en proyectos de aplicación conjunta o de desarrollo limpio en países en vías de desarrollo", explica Ismael Romeo, director general de Sendeco2, una Bolsa europea de derechos de emisión de dióxido de carbono y créditos de carbono. "Estas inversiones implican una transferencia tecnológica que permite a ese país emitir menos CO2 que si esa tecnología no estuviera", prosigue.

Para los ecologistas, el truco reside en que los fondos de carbono no sirven para disminuir las emisiones, sino para "comprar una salida a la obligación de reducirlas y distribuir la responsabilidad a otros países", según âscar Reyes, de la ONG Carbon Trade Watch.

"Este es un recurso de última instancia", señala José Luis García, responsable de proyectos de energía limpia de Greenpeace. "Como no se ha hecho un esfuerzo antes para reducir las emisiones, ahora hay que comprar los créditos de carbono", afirma.

Contaminar sale caro

El precio del crédito de carbono, que fluctúa según la oferta y la demanda, fue de media durante el pasado mes de julio de 10,17 euros, lo que da una idea del volumen de negocio del mercado de carbono, del que el comercio de CER es solo una fracción.

El Fondo de Carbono para una economía sostenible no es el único de participación española, aunque sí es el primero de financiación pública. El Estado coparticipa en ocho más, gestionados por instituciones como el Banco Mundial y en los que también concurren empresas privadas. Prácticamente todos los 150 países que han ratificado el Protocolo de Kyoto cuentan con instrumentos similares; dentro de la UE, Alemania, Suecia, Portugal y Bélgica ya han constituido fondos de carbono estatales.

"España ya compra derechos de reducción de emisiones de Estonia", explica âscar Reyes, de la ONG Carbon Trade Watch. "Esto se debe a que los países de la antigua URSS comenzaron a industrializarse a gran escala a partir de 1990, que es el año que se toma como base para reducir los niveles de emisiones de gases contaminantes", señala.

El poder de las renovables

"A nivel político hay que poner como prioridad la reducción de emisiones dentro de España", argumenta José Luis García, de Greenpeace, "establecer un fondo de carbono es solo un parche, que además está en contradicción con otras medidas del Gobierno, como un reciente decreto para subvencionar la quema de carbón, lo que aumenta las emisiones innecesariamente, o la actual tendencia a restringir los apoyos a las energías renovables".

Aunque desde el Ministerio de Medio Ambiente aseguran "no ver ninguna relación", lo cierto es que el Fondo de carbono para una economía sostenible llega precisamente en un momento crítico para las renovables en España. La industria eólica, que en España ha alcanzado cotas de penetración y desarrollo de primera línea en el ámbito global, ya ha mostrado en repetidas ocasiones su inquietud por la falta de un marco regulador a partir de 2012, carencia que la mantiene estancada. De ahí que los ecologistas critiquen que, lo que se adelanta con los fondos de carbono, se pierde por la situación de indefinición en que se encuentran las energías limpias.

España, aún con todo, está al día en cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados por Kyoto, "sobre todo porque con la crisis se han reducido las emisiones", explica García, de Greenpeace, "y también por las inversiones en renovables". Es este tipo de energías las que hay que potenciar, según los ecologistas, si se quiere combatir el cambio climático de manera eficiente y sostenible.

"Las grandes economías están reduciendo las emisiones, pero los países en vías de desarrollo las están aumentando, con lo que no se compensan los recortes", añade Ismael Romeo, director general de Sendeco2. "Y hay países desarrollados, como EE UU, que siguen aumentándolas, cuando deberían hacer un esfuerzo a la inversa", continúa.

La industria, según explica Romeo, solo produce el 40% del total de las emisiones de CO2. El otro 60% procede del resto de sectores y de los particulares. Así que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. Oscar Reyes, de Carbon Trade Watch, apunta para ello un remedio proverbial: "utilizar los recursos dentro de nuestras posibilidades".