Muy confidencial

Las constructoras se calientan por la tasa de la gasolina

El próximo consejo de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), madre de todas las asociaciones y patronales de constructoras y empresas afines, se promete caliente. El presidente Juan Lazcano lo ha fijado para finales de la próxima semana y todo apuntaba a que se trataba de una reunión más. Sin embargo, el ambiente está agitado y se hablará largo y tendido sobre la propuesta de la asociación Aerco de aplicar una tasa de tres a cinco céntimos en cada litro de combustible. El objetivo es recaudar entre 1.095 y 1.830 millones al año para pagar las obras de refuerzo de firme en las autovías.

La idea, junto al reconocimiento del ministro de Fomento de la necesidad de subir impuestos para sufragar la obra pública, ha generado un fuerte debate en los últimos días. Al carro de las peticiones al Gobierno se han subido numerosos colectivos empresariales, que urgen políticas activas que reanimen la inversión productiva.

El hecho es eran muy pocos los que conocían la iniciativa que apadrina el ex ministro socialista, y ahora presidente de Aerco, Javier Sáenz Cosculluela, antes de que fuera comunicada a la prensa el lunes 4 de julio. La asociación reconoce que ese día transmitió la propuesta al propio ministro José Blanco. También sabía de ella un aliado, como es el presidente de la patronal de constructoras medianas Anci, Jaime Lamo de Espinosa. Pero no tenían noticia en Seopan, el colectivo que representa a los gigantes ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHL o Acciona, entre otras.

Distintas fuentes cercanas a la CNC comentan que lo más prudente es que Cosculluela hubiera llevado el asunto a la confederación para tratar de consensuar una postura de todo el sector. Pero el ex líder socialista cree que compartir el proyecto habría sido la mejor manera de reventarlo antes de su nacimiento.

¿Qué sucederá en el consejo de la CNC? Las fuentes consultadas aseguran que David Taguas, presidente de Seopan, no va a respaldar a Cosculluela. En Seopan creen que un grupo de constructoras no tiene derecho a pedir una gasolina más cara y decirle al Gobierno en qué tiene que emplear la recaudación extra.