Control del gasto, pero también reformas
El Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros el techo de gasto público para 2012, que será de 117.000 millones de euros, un 3,8% menos que en 2011. Con ello, el Ejecutivo pretende rebajar el déficit de la Administración central desde el 4,8% del PIB previsto para este año hasta el 3,2% el año que viene y avanzar así en la senda de austeridad imprescindible para cumplir los objetivos de consolidación fiscal dictados por Bruselas. Como explicó la propia Elena Salgado al término de la reunión, el recorte aprobado será mayor del 3,8% en algunos ministerios debido a la necesidad que tiene el Gobierno de compensar el peso que supone para las arcas públicas el creciente coste de la financiación en los mercados internacionales.
Pese a que la Administración central ha logrado su objetivo de reducción del déficit en 2010 y aspira a hacer lo propio este año, el cumplimiento de los deberes que Bruselas ha impuesto a España necesita de un esfuerzo conjunto por parte de todas las Administraciones públicas. En contraste con esa exigencia, las comunidades autónomas se han mostrado hasta el momento como un severo escollo en la carrera por devolver el equilibrio a las cuentas públicas y siguen constituyendo la principal amenaza para llevar a cabo ese objetivo. En un alarde de indisciplina fiscal y falta manifiesta de responsabilidad, la mayoría de ellas superó en 2010 el objetivo de déficit del 2,4% del PIB, una cota que deberá reducirse al 1,3% tanto este año como el que viene. A ello hay que sumar el hecho de que algunas regiones -es el caso de Cataluña- ya han advertido que no cumplirán con esos objetivos. De mantenerse la tónica de las cuentas presentadas por los Ejecutivos autonómicos durante el primer trimestre del año, será muy difícil que el conjunto de las Administraciones públicas cumpla con la meta de reducir el déficit desde el 9,2% actual al 3% en 2013. Pese a todo ello, la financiación de las comunidades y los entes locales crecerá más del 36% en los presupuestos del próximo año.
A la vista de este escenario, no cabe duda de que la pelota del control del gasto -y por ende, del cumplimiento de la hoja de ruta exigida a España por Bruselas y los mercados financieros- está ahora en los tejados de las Administraciones autonómicas. Conscientes de ello, tras las elecciones del pasado 22 de mayo los dirigentes autonómicos de los dos grandes partidos se han mostrado partidarios de establecer techos de gasto para el próximo año, en la línea de lo aprobado el mes pasado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Como condición necesaria para poder llevar a la práctica esa propuesta, los programas que plantean los nuevos Gobiernos autonómicos -la mayoría de ellos del Partido Popular- se han centrado en proponer un severo recorte de gastos corrientes y una reducción sustancial del tamaño de las Administraciones regionales, con especial hincapié en la eliminación de consejerías, direcciones generales, entes públicos y altos cargos. Unas medidas razonables y necesarias, pero que por sí solas no parecen tener suficiente entidad como para reconducir las maltrechas finanzas regionales. Es, por el contrario, en el recorte de partidas de gasto estructural donde está la clave del severo ahorro que es necesario llevar a cabo en las cuentas públicas, pese a la indudable impopularidad de estas medidas desde el punto de vista electoral.
En cualquier caso, la difícil situación que está atravesando la economía española hace obligado ir más allá de las políticas de contención del gasto y complementar estas con mayores y más profundas reformas que permitan estimular el crecimiento y facilitar la creación de empleo. Independientemente de lo que ocurra en el terreno político en los próximos meses, España debe culminar las reformas ya realizadas y aplicar nuevas medidas que permitan cimentar las bases de una recuperación económica que no solo sea sólida, sino también duradera. En ese camino, largo y difícil, será necesario contar con el esfuerzo de todos los agentes económicos, públicos y privados, y con la necesaria cooperación de los distintos niveles de la Administración. El control del gasto público es el primero, pero no el único paso para lograrlo.
