Empresas y autonomías negocian con la banca el freno de la deuda sanitaria
Cinco comunidades autónomas ya han firmado acuerdos con la banca y la industria sanitaria para frenar el crecimiento de la deuda sanitaria. Con la rúbrica de estos convenios, las empresas se aseguran el cobro de sus facturas en un máximo de 120 días y las comunidades evitan las reclamaciones judiciales por los intereses generados.
La industria sanitaria sigue sufriendo el excesivo retraso en el desembolso de sus facturas pendientes de cobro. Entre enero y abril, la deuda acumulada por las 500 empresas representadas en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) se ha elevado a 4.300 millones de euros con un retraso medio en el pago que se ha disparado hasta los 395 días. Tan solo tres comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid) concentran más del 50% de las deudas y dos de ellas (Comunidad Valenciana y Andalucía) pagan sus facturas con un retraso medio superior a 600 días.
Esta demora en el pago se ha elevado de forma considerable desde el inicio de la crisis. Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, apunta que en los tres últimos ejercicios, el volumen de facturas pendientes de cobro se ha duplicado y los plazos medios de pago han crecido un 60%.
"Pero el problema de la morosidad no es nuevo. El 70% de la deuda pendiente de cobro por parte de las empresas se facturó antes de 2010", remarca Alfonsel, que denuncia la falta de voluntad por parte de las Administraciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Morosidad, cuya última reforma establece un máximo de 50 días para el pago. "Se ha puesto contra las cuerdas a un sector productivo que tiene un volumen de negocio de 4.800 millones y emplea a 24.000 personas", apunta.
Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia ya lo han implantado
Entre esas empresas se encuentran, entre otros, fabricantes de prótesis, maquinaria de diagnóstico o de tratamiento para enfermedades, material de quirófano, ortopedia, camillas, guantes o sondas.
Ante las dificultades para recuperar esas deudas, la Federación ha negociado con la banca y con las Administraciones autonómicas otras vías alternativas para cobrar las y evitar que siga creciendo. Y la que más éxito ha tenido ha sido la del confirming. Esta fórmula se circunscribe en un acuerdo a tres bandas mediante el cual la empresa se garantiza el cobro de sus facturas en un plazo máximo de 120 días y no se ve obligada a presentar un recurso para reclamar los intereses generados por esa deuda.
La entidad financiera es la que se encarga de la gestión del cobro e informa a la empresa del día en el que va a cobrar su factura. Incluso si la compañía necesita disponer de ese dinero antes de ese periodo de 120 días, puede hacerlo pagando una pequeña penalización a la entidad financiera. "Con esta fórmula se consiguen dos objetivos: por una parte liquidez y por otra que las empresas dispongan de una previsión de cobro", asegura Alfonsel.
Hasta el momento hay cinco comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana) que están utilizando este sistema, aunque de forma diferente.
Por un lado, Cataluña y la Comunidad Valenciana han firmado un convenio por el cual todas las facturas emitidas durante el ejercicio en vigor pasan a la modalidad del confirming, por lo que las empresas se aseguran que todas las facturas que emitan este año serán abonadas en un máximo de 120 días. En las otras tres no se firmado ningún convenio y es la propia comunidad autónoma la que decide qué facturas o qué partidas se incluyen dentro esa modalidad.
De las cinco regiones, tan solo Andalucía ha utilizado el confirming para saldar deuda antigua a través de este instrumento, aunque no firmó ningún convenio y, por lo tanto, se reservó también la posibilidad de decidir sobre que partidas liquidaba las facturas pendientes.
La secretaria general de Fenin reconoce que hay conversaciones muy avanzadas con otras tres comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para intentar poner en marcha este tipo de mecanismos.
Más de 5.600 demandas presentadas en 21 años
El retraso en el pago a las empresas sanitarias no es un problema de nuevo cuño. Así se desprende de las estadísticas elaboradas por Fenin, en las que se recogen todas las demandas presentadas por las empresas ante las comunidades autónomas por impagos o retrasos en el pago. Las reclamaciones se dividen entre aquellas que exigen la devolución del total de la deuda y las que piden los intereses derivados del impago de la misma.En el primer caso se han presentado 865 pleitos en los últimos trece años, de los que 330 (el 38%) corresponde a Andalucía. Las reclamaciones se empezaron a interponer en 1998 y están contabilizadas hasta principios de este mes. Solo en este ejercicio se han presentado 75 demandas a tres comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León).Respecto a la reclamación de los intereses generados por la deuda acumulada, las empresas han presentado 4.781 demandas, de las que el 23% corresponde a Andalucía. En total se han presentado 5.600 reclamaciones en los últimos 21 años.Los últimos datos acumulados, correspondientes a 30 de abril, muestran las fuertes diferencias entre comunidades a la hora de afrontar sus pagos. Así existe un bloque de siete comunidades autónomas (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Baleares y Castilla-La Mancha), que superan el año en sus plazos medios de pago. La que más tarda es Murcia, con 667 días de retraso. En el otro lado se sitúan País Vasco o Navarra, cuya demora se limita a 103 y 53 días, respectivamente. Especialmente significativo es el caso de Navarra, que apenas representa un 0,24% del total y cuyo retraso en los pagos ha caído un 11% en el primer cuatrimestre.