La policía requiere datos de 70.000 conexiones telefónicas
La policía española, según los datos publicados hoy por la Comisión Europea, solicitó en 2009 a las operadoras de telecomunicaciones los datos de más de 56.000 llamadas realizadas desde teléfonos móviles, 5.000 desde teléfonos fijos y casi 9.000 conexiones a Internet.
España, que obliga a retener durante un año los principales datos de esos contactos (emisor de la llamada, receptor, hora, duración y aparato, así como la localización si se trata de un móvil) es uno de los países donde las autoridades explotan con más frecuencia esa vía de investigación. Y aunque el período de retención previsto es de un año, la norma española, a diferencia de otras, no prevé de manera explícita la destrucción de los datos tras ese período.
Pero la palma en el uso del trillo telefónico y virtual se la lleva el Reino Unido donde casi medio millón de comunicaciones fueron analizadas en 2008, según el informe. El gobierno británico fue el principal impulsor de una directiva europea que en 2006 estableció la obligación de los operadores de retener entre seis meses y dos años los datos de tráfico y localización de las comunicaciones de sus clientes (no su contenido). Londres y otras capitales describen los datos captados como "cruciales" o "indispensables" para las investigaciones sobre delitos graves o terrorismo.
La ley suscitó numerosas protestas entre las organizaciones de defensa de la privacidad y de la protección de datos, así como entre las compañías telefónicas por el coste económico de la retención (Bruselas insiste en que no es significativo y lo cifra en 375.000 euros el primer año, por el coste de la tecnología necesaria para retener los datos, y 10.000 euros anuales a partir de entonces por coste operativo).
La Comisión, en el primer balance de aplicación de la directiva, revela el abultado y creciente número de peticiones de datos que las autoridades cursan a las operadoras: más de dos millones de conversaciones o conexiones a internet fuero analizadas durante 2009, y eso que Bruselas solo dispone de las cifras de 14 de los 27 países de la UE (y entre ellos no figura todavía Reino Unido).
La norma, sin embargo, se ha topado con las objeciones de tres tribunales constitucionales (en Alemania, República Checa y Rumanía) que han declarado ilegal su incorporación como ley nacional. Y Suecia sigue negándose a aplicarla.
El departamento de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, también reconoce en el informe publicado hoy que el sistema de retención de datos requerirá algunos cambios para mejorar y reforzar sus garantías.