El Gobierno entra en la crisis de Nueva Rumasa y garantiza el cobro de salarios

El Ejecutivo ha tomado partido en la crisis de Nueva Rumasa. A través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumirá parte de la deuda que las compañías de los Ruiz-Mateos tienen con sus trabajadores, que se eleva a seis millones. El Fogasa se convertirá así en uno de los acreedores de las empresas del grupo que entren en concurso. Ayer lo solicitó Carcesa, dueña de Apis y Fruco.

El Gobierno ha decidido tomar partido en la crisis de Nueva Rumasa. El primer paso lo ha dado a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se ha comprometido a abonar parte de las deudas que las compañías de los Ruiz-Mateos mantienen con sus trabajadores. Una deuda que, según fuentes sindicales, ronda los seis millones de euros. Hasta ahora, el Ejecutivo había hecho gala de prudencia sin realizar prácticamente declaraciones sobre el incierto futuro de empresas como Clesa, Dhul o Cacaolat.

Sin embargo, la presión de los sindicatos ha tenido efecto y el Gobierno ha decidido garantizar a los trabajadores parte de los sueldos que se les adeuda. Una medida que sin duda tranquilizará a los casi 4.000 empleados directos del conglomerado de los Ruiz-Mateos, que ya habían comenzado a movilizarse. Además, la proximidad de las elecciones es un factor que juega en contra de retrasar el proceso. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, reconoció ayer que hay "muchas empresas" de Nueva Rumasa que con un cambio de gestión "pueden ser salvadas" y anunció que el Gobierno ha creado un grupo de trabajo entre Trabajo y Medio Ambiente para analizar su viabilidad.

Los sindicatos explican que el Fogasa va a subrogar parte de las deudas pendientes y se convertirá en uno de los principales acreedores de las empresas que vayan solicitando el concurso. Es decir, el Fogasa se compromete a abonar a cada trabajador, como máximo, la suma equivalente a 150 días de su salario o cinco meses. Un abono que en ningún caso podrá sobrepasar el doble del salario mínimo interprofesional.

Pero no será un cobro inmediato. UGT explica que actualmente está trabajando en la documentación necesaria para presentar las conciliaciones correspondientes y que los trabajadores cobren lo antes posible. Mientras, CC OO insta a los trabajadores de las empresas de los Ruiz-Mateos a presentar ante la oficina de conciliación de su Comunidad Autónoma la reclamación en la que consten los salarios adeudados.

El Ministerio de Trabajo también asume que esta medida servirá para tranquilizar a los trabajadores, pero que la tramitación podría prorrogarse varios meses. Apuntan que se analizará cada empresa de forma independiente y que cada una de las plantillas tendrá un trato diferenciado.

Nueva Rumasa trata de rebajar la relevancia de la intervención del Fogasa. Fuentes de la sociedad de la familia Ruiz-Mateos explican que la intención del Fondo de Garantía Salarial es "agilizar los expedientes de regulación de empleo y la situación de impago que vive parte de la plantilla". Nueva Rumasa asume así que no ha abonado a parte de sus trabajadores los salarios que les adeudan, pero asegura que "solo se han dejado de pagar dos meses". Sin embargo, los sindicatos aseguran que el plazo de impago de salarios está entre dos y seis meses.

La familia Ruiz-Mateos también reconoce que el Fogasa se convertiría en uno de los principales acreedores de las sociedades que entren en concurso a lo largo de los próximos días. "El objetivo es que el Fogasa adelante el dinero y luego nosotros Nueva Rumasa se lo devolvamos en el futuro", apuntan. En cuanto a cuáles serán las empresas donde se pongan en marcha los citados expedientes de regulación de empleo (ERE), las citadas fuentes explican que "se intentará en todas las empresas que entren en concurso". Es decir, Dhul que lo solicitó el pasado lunes y Carcesa, que hizo lo propio ayer.

La empresa extremeña presentó el concurso en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz. La dueña de Apis y Fruco (que hasta 2008 eran propiedad de la multinacional Kraft) justificaba ayer el concurso confiando en que esta situación "permita reanudar el proceso productivo y, con ello, poder hacer frente a los pedidos comprometidos, así como lograr un acuerdo con los acreedores de la compañía para superar esta situación concursal lo antes posible". Se trata de la sociedad a través de la que Nueva Rumasa lanzó su primera emisión de pagarés en febrero de 2009. A día de hoy, la compañía sigue ultimando la solicitud de concurso para Clesa y Cacaolat.