Un laudo de obligado cumplimiento

Tras un largo e intenso mes de trabajo en el que ha contado con el asesoramiento de representantes de ambas partes, Manuel Pimentel entregó ayer el laudo arbitral que pone fin al largo conflicto entre los controladores aéreos y AENA. El exministro de Trabajo presentaba así el contenido de un texto que, aseguró, "abre una nueva etapa en las relaciones laborales" entre ambas partes. El laudo dictado por Pimentel constituye el segundo convenio colectivo de los controladores aéreos. Un documento exhaustivo -consta de más de 200 páginas- que entrará en vigor tan pronto se publique en el BOE y estará vigente hasta finales de 2013. Su contenido, de obligado cumplimiento y sin posibilidad alguna de recurso, introduce como primera novedad una disminución escalonada de la jornada de trabajo de los controladores españoles para los próximos años. Esta deberá reducirse a 1.670 horas en 2011 y 2012 y a un total de 1.595 en 2013, aunque podrá ser ampliada por motivos de formación.

La segunda gran cuestión que regula el laudo es la cuantía del sueldo que percibirán de estos profesionales. El texto fija esa cantidad en 200.000 euros anuales de media, una cifra que acerca las retribuciones españolas a las de los controladores de los cinco países con mayor tráfico de la UE. Como resumía Manuel Pimentel, la intención es clara: hacer que los controladores "trabajen menos y ganen menos", en consonancia con el resto de Europa.

Más allá de esa premisa, el laudo presentado ayer nace con la misión de introducir criterios de eficiencia y normalización empresarial en las condiciones de trabajo del colectivo de controladores, una necesidad más acuciante que nunca si se tiene en cuenta el horizonte de privatización que encara AENA. Con el texto en la mano, los controladores dejan de ser una casta aparte -hablando en términos laborales- e inician una nueva etapa en la que sus relaciones de trabajo se guiarán por los principios habituales que rigen estas en las empresas. En ese sentido, el laudo debe servir de modelo para los futuros convenios de controladores que habrán de surgir del proceso de liberalización de torres de control que ya se ha puesto en marcha.

Tanto AENA como el sindicato USCA han recibido con satisfacción, más contenida en el segundo caso, el dictamen del laudo. Una reacción que permite augurar el fin efectivo de un conflicto cuyo coste ha recaído no solo sobre consumidores y empresas, duramente perjudicados por la salvaje huelga de final de año pasado, sino también sobre la seguridad aérea española y la propia imagen de España. Las palabras de los controladores manifestando su deseo de volver a la normalidad constituyen una buena noticia, pero no son más que el mínimo exigible tras un laudo cuyo cumplimiento es obligatorio. Ahora resta únicamente esperar que esa exigencia se haga efectiva.