El Gobierno coloca con relativo éxito la primera emisión de la deuda eléctrica
El Tesoro logró colocar ayer 2.000 millones del déficit de tarifa. Los bonos, a tres años, con vencimiento en marzo de 2014, tienen una rentabilidad fija anual del 4,8%. Pese al elevado precio, la demanda solo se superó en un 15%, hasta 2.300 millones, con lo que la operación no se consideró exitosa.
Con la primera emisión del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), el Tesoro logró colocar ayer entre inversores institucionales 2.000 millones de euros. El derecho de cobro que tienen las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) a 31 de diciembre de 2009 asciende a 13.500 millones. A estos habrá que añadir los generados en 2010 y los previstos en 2011.
La demanda por este primer paquete fue de 2.300 millones de euros, según los libros en los que se reciben las órdenes, por lo que solo superó en un 15% la oferta presentada, cuando lo habitual en estos casos es superar el 100% y máxime cuando la rentabilidad que se ofreció era también mayor de lo habitual en las colocaciones de la deuda pública.
Los bonos eléctricos a tres años (vencen en marzo de 2014) ofrecen al inversor una rentabilidad fija anual del 4,8%, al ser colocada la deuda a 290 puntos básicos por encima del midswap o 80 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro a tres años.
Si la demanda hubiera sido superior, señalan fuentes del sector, se hubiese podido bajar el precio, pero la colocación ha venido a coincidir con las presiones de los mercados financieros sobre Portugal. "El precio era demasiado generoso como para que hubiese habido más demanda", señalan fuentes empresariales. Tampoco falta quien se muestra optimista, a la vista de que se ha dado el primer paso en una emisión tanto tiempo esperada por las compañías.
A una hora de iniciarse la colocación, a primera hora de la mañana de ayer, se habían recibido mil millones de órdenes, que llegó a los 2.300 millones a las dos horas y media. Por países, el 60% se colocó entre inversores de España, seguidos de Italia (16%); Reino Unido (6%); Irlanda (5%); Francia (4 %) y Alemania (3%). Más de la mitad fue adquirida por gestores de fondos. Los bancos colocadores han sido Santander, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Calyon y Goldman Sachs.
Ahora el calendario es el siguiente: la CNMV debe establecer las condiciones finales de la emisión y, una vez constituido el fondo (entre el viernes y el miércoles próximo), las empresas acreedoras del déficit de tarifa podrán cobrar el dinero que a cada una les corresponda. Aproximadamente, de los 2.000 millones de euros colocados, a Endesa le corresponde derechos de cobro por el 44%; a Iberdrola, el 35%; a Gas Natural Unión Fenosa, casi el 14%; a HC Energía el 6% y a Eon España, el 1%.
El importe máximo del programa de emisión de bonos del fondo es de 25.000 millones de euros, de los que 22.000 millones tienen aval del Estado. Los bonos se negociarán inicialmente en el mercado de renta fija AIAF. El Gobierno había realizado cuatro prospecciones de mercado desde el pasado mes de octubre, en que la CNMV dio el visto bueno al folleto del programa de emisiones.
El inversor compra su propia deuda
En cierto modo, la inversión en bonos eléctricos puede resultar para quienes los adquieran lo comido por lo servido. Y es que los inversores, todos ellos clientes eléctricos, aunque reciban una rentabilidad sustanciosa (en el caso de la emisión cerrada ayer, la del bono a tres años más 80 puntos básicos) van a pagar con fuertes intereses en la factura de la luz la deuda que han contraído con las empresas eléctricas a las que han comprado esta misma deuda.El embrollo del déficit tiene muchas cifras: el acumulado en la última década (más de 17.000 millones); el que fue titulizado por las empresas y después por la CNE (casi 4.000 millones); los derechos de cobro pendientes (13.500 millones) y el programa de emisión para titulizarlo aprobado por el Gobierno (25.000 millones, de los cuales 22.000 millones tiene, por ahora, aval del Estado). A ello hay que sumar el déficit permitido anualmente hasta 2013, año en que estará prohibido generar más, lo que obligaría, en las circunstancias actuales, descomunales subidas de los peajes.