La economía sumergida supuso el 20% del PIB en 2009
La economía sumergida alcanzó en España los 205.200 millones de euros en 2009, lo que representa el 20% del Producto Interior Bruto (PIB), según un estudio realizado por la consultora A.T. Kearney y Visa Europa.
El informe indica que el volumen de economía sumergida se sitúa cinco puntos por encima de la media de Europa Occidental, en el tercer lugar -compartido con Portugal- con mayor porcentaje respecto al PIB, y el cuarto, tras Alemania, Italia y Francia, en volumen.
Por sectores, los de construcción (con 40.000 millones), autónomos (29.000), comercio (23.000), inmobiliario (19.000), hoteles y restaurantes (17.000) y transportes (12.000 millones) ocupan las primeras posiciones.
Entre los factores que favorecen esta actividad en España destacan los altos impuestos, el peso de la Seguridad Social, la amplia actividad económica desempeñada por pyme y autónomos, así como los pocos recursos de las autoridades para luchar contra esta economía, que incluye tanto trabajos como ventas no declaradas.
La economía sumergida se concentran en las interacciones entre pyme (con una facturación inferior a 6 millones de euros anuales), mientras que el número de billetes de 500 euros en circulación en España impulsa un "incremento acusado" del número de transacciones en efectivo por importes altos.
Visa destacó que el número de estos billetes en España se ha multiplicado por diez entre 2002 y 2007, y equivale actualmente a dos tercios del total del valor del dinero en circulación en el país.
Además, las actividades de pequeñas empresas, empleadores y personas con un volumen de ingresos alto que generan economía sumergida se perciben "como algo normal" en la sociedad, lo que aumenta la tolerancia hacia el fraude.
En el informe se destaca que la economía sumergida se basa en operaciones con el dinero en efectivo, ya que ofrece la posibilidad de realizar transacciones anónimas imposibles de rastrear, por lo que facilita el no declarar una actividad, trabajo o cobro.
La lucha contra la economía sumergida en España se centra en el trabajo no declarado mediante medidas para la reducción de las cargas administrativas y fiscales, así como el aumento de los controles y la imposición y cobro de multas.
Sin embargo, centrarse en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas podría reducir la economía sumergida en unos 23.600 millones de euros (un 11,5% del total), según el estudio.
Las ventas de automóviles y repuestos, los bares, los comedores, los taxis, autobuses y transporte, los comercios no especializados y los alojamientos de bajo coste concentran este tipo de prácticas y un mayor uso de las operaciones electrónicas limitaría este tipo de ventas no declaradas.
El peso de esta economía sobre el PIB oscila entre el 8 y el 18% en la Europa Occidental del Norte, entre el 20 y el 27 en la zona mediterránea y entre un 17 y un 33% en la Europa del Este.
El incremento del volumen de pagos electrónicos en un 5% supondría una disminución de entre un 2 y un 3% de la economía sumergida de España, mientras que un aumento de hasta un 15% de estas operaciones podría suponer una reducción de la economía "en negro" de entre un 6% y un 9%, se destaca en el estudio.
El vicepresidente de A.T. Kearney, Andreas Pratz, enfatizó que existen muchas medidas que pueden tomar las administraciones y los bancos para "bajar el uso del efectivo; desde reducir las retiradas en cajeros, hasta promover el uso de tarjetas para conseguir una utilización consistente de los medios de pago electrónicos".
Recordó que en países como Corea se implantaron incentivos fiscales a los pagos electrónicos que resultaron efectivos contra la economía sumergida, medidas que aún deben desarrollarse en Europa, donde dos terceras partes de esta economía corresponde a trabajos "clandestinos" -domésticos y del automóvil generalmente-, mientras que el resto son ventas no declaradas.
Pratz, al igual que el director general de Visa para España y Portugal, Luis García, aplaudieron medidas como que en Italia las empresas deben utilizan dinero electrónico para transacciones por encima de los 5.000 euros y recordaron que las administraciones debería apostar más por el uso de este dinero.
España, con cerca de 120 transacciones electrónicas por habitante y año, está por debajo de la media de la Unión Europea (en torno a 150), si bien el número de tarjetas en circulación es alto y su uso en comercios sigue creciendo (los pagos electrónicos representan en España un 16% del gasto total de las familias).