El comportamiento sancionado ha perjudicado, según el Ejecutivo comunitario, a los pacientes franceses y al Estado, que han debido pagar más por los análisis que si la competencia hubiera funcionado. Como además esta actuación restrictiva no ha cesado completamente, Bruselas ordena a la asociación de farmacéuticos franceses que le ponga fin de forma inmediata.
"Una asociación que representa y defiende intereses privados no puede sustituir al Estado para dictar sus propias reglas, limitando la competencia de precios allí donde el Estado quería mantenerla y obstaculizando el desarrollo de empresas más allá de lo previsto por la ley", ha denunciado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
