La CE exigirá reformas estructurales para cobrar los fondos de cohesión
La flexibilización del mercado laboral los resultados de la política educativa se convertirán en criterios para el reparto de los fondos europeos de desarrollo regional, según el informe anual de la política de cohesión aprobado ayer por la Comisión Europea.
El documento, que cada año hace balance del gasto de esos fondos, incluye en esta ocasión las primeras propuestas sobre la gestión de las ayudas europeas durante el próximo marco presupuestario plurianual (a partir de 2014).
Bruselas calcula que en ese nuevo periodo, Extremadura será la única región española cuyo PIB seguirá por debajo del 75% de la media comunitaria, lo que le concede el derecho a las máximas ayudas previstas para el llamado Objetivo 1.
La CE, no obstante, prevé establecer un periodo transitorio para el resto de regiones (Andalucía, Castilla y La Mancha, Murcia, Galicia y Asturias.
En el futuro, de todos modos, la CE quiere supeditar el cobro de los fondos al cumplimiento de objetivos políticos, lo que no garantiza por adelantado el cobro de unas partidas que entre 2007 y 2013 supondrán para España 35.000 millones de euros.
El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, señaló ayer durante la presentación del informe que "queremos que el desembolso de la financiación europea esté ligado a reformas específicas".
"Se requerirá a los Estados miembros", señala el informe de Hahn, "que introduzcan las reformas necesarias para garantizar la eficacia de los recursos financieros en áreas ligadas a la política de cohesión, como la protección medioambiental, las políticas de flexiguridad laboral, la educación o la investigación y desarrollo".
Bruselas sube el sueldo a sus funcionarios un 0,4%
En contra de lo anunciado en octubre, la Comisión Europea no reducirá un 0,4% el salario de sus funcionarios en 2011, sino que prevé aumentarlo un 0,4%. Bruselas atribuyó ayer la rectificación de casi un punto a los nuevos datos facilitados por Reino Unido y España sobre la evolución del poder adquisitivo de sus empleados públicos. En cualquier caso, ni la anunciada rebaja ni el esperado incremento responden a ninguna medida presupuestaria. Son consecuencia de la aplicación automática de una cláusula de revisión salarial calculada en base a la evolución de los costes en ocho países de la UE (entre ellos, España) y ajustada al coste de la vida en Bruselas. La inflación en Bélgica este año se sitúa en el 2,7%, una de las más altas de Europa.