El déficit fiscal precisa más ajustes
El clamor es unánime entre los expertos: la economía española no alcanzará en 2011 un crecimiento del 1,3%, como prevén los Presupuestos Generales del Estado, y eso imposibilitaría reducir el déficit fiscal al objetivo del 6% para finales del próximo año. Sin embargo, pocos dudan de que este objetivo es irrenunciable para el Gobierno, tanto por el compromiso adquirido con sus socios comunitarios como por la necesidad de mantener una imagen de seriedad ante los mercados internacionales en los que financia la deuda.
En consecuencia, para estos mismos expertos y analistas es indudable que el Ministerio de Economía y Hacienda acabará adoptando nuevas medidas -lo que se ha venido llamando el plan B- para poder ajustar así el desfase presupuestario a la disciplina de Bruselas. De ser así, es deseable que esas nuevas medidas se apliquen más pronto que tarde y, sobre todo, que la decisión no esté condicionada por los plazos y por las promesas electorales de los comicios autonómicos y locales de primavera.
Los expertos apuntan al gasto de estos dos ámbitos administrativos como uno de los principales motivos de preocupación. Después de todo, la crisis ha puesto de manifiesto la ineficiencia que ha generado la falta de coordinación de las Administraciones central, autonómica y local. Es una ineficiencia que ha derivado en un despilfarro cuya corrección se ha convertido, con toda razón, en un clamor popular. La sugerencia del gobernador del Banco de España de establecer por ley un techo al gasto a las comunidades autónomas y las grandes corporaciones locales es una medida acertada y necesaria. No se comprende muy bien que el Gobierno central deba someterse a semejante corsé, y tener que dar explicaciones en Bruselas, y mientras los presupuestos de las Administraciones territoriales queden exentos de pasar un examen.
Para que la medida de control tenga efecto sobre las cuentas del próximo año, será preciso que el Gobierno inicie los trámites para aprobar legalmente la extensión del techo de gasto. Sería la mejor forma de asegurar que, en caso de producirse un desvío el próximo año, se ataje sobre las cuentas locales y autonómicas. Porque de no ser así, pocas partidas más de gasto podrían reducirse, quedando la de las ayudas al desempleo como única alternativa razonable.
Pero si se produce el temido, aunque parece que inevitable desajuste de las cuentas públicas, el Gobierno recurrirá seguramente a más subidas impositivas. Los expertos lo dan por descontado. Esperemos que el Ejecutivo considere el devastador efecto que esa medida tendría sobre una economía, como la española, muy centrada en el gasto de las familias. No obstante, habrá que ir descontando posibles subidas en el IRPF, los impuestos especiales o, quizá, el IVA.