Inversión pública: cambio de ciclo
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, presentados por el Gobierno, son el último episodio del debate sobre el recorte en inversión pública. Para 2011 se prevé una reducción del 30% en inversión pública respecto a 2010, en contra de lo que pedía, hace unos meses, la asociación de empresas constructoras, argumentando que un recorte será contraproducente para el interés general pues no sólo reducirá el gasto sino también el retorno fiscal.
Es evidente que el recorte de inversión pública reducirá el crecimiento a corto plazo y que se hubiera tenido que hacer en época de vacas gordas mejor que en el momento actual. Pero vista la situación de crisis y de presión internacional sobre España, no vemos otra alternativa realista. De todos modos, cabe resaltar la situación privilegiada de la que han disfrutado las empresas asociadas a la inversión pública en España durante toda la última década. Esta situación de privilegio ha sido casi de captura de presupuesto público.
Si comparamos la inversión pública de España con Alemania, estos privilegios se hacen evidentes. Durante la última década y media, según el Banco Europeo de Inversiones, Alemania ha tenido una inversión pública aproximada del 1,5% sobre PIB, mientras que en España ha sido del 3,3%. Es decir, el Estado español se ha gastado más del doble (sobre el PIB) en inversión pública que Alemania. Si esta cifra la combinamos con el tamaño del Estado de ambos países, en torno al 37% del PIB el español y del 45% del PIB alemán, podemos concluir que la participación de las empresas de infraestructuras (económicas y sociales) sobre el presupuesto público en España ha sido del 8% mientras que en Alemania del 3,5%.
Varias lecciones se desprenden de estas cifras. Primero, las empresas del sector han disfrutado de una situación de privilegio claramente insostenible debido a su dependencia sobre la demanda pública. Esta situación ha estado justificada por el déficit que arrastraba España en términos de infraestructuras y los consiguientes fondos de cohesión, pero no deja de ser inviable en el futuro próximo. Segundo, el sector público no ha sabido rectificar gradualmente la situación durante las épocas de bonanza y ahora le toca frenar abruptamente. De igual modo, a las empresas que no han hecho los ajustes durante dicha época, ahora deben hacer un ajuste fortísimo. En cambio, aquellas empresas que se han prestado a competir globalmente, sometiéndose a la presión del mercado internacional de las infraestructuras son las mejor preparadas en estos momentos.
Tercero, España no puede pretender que su Estado sea un tractor de la economía nacional pero, simultáneamente, mantener un Estado muy por debajo de la media europea. Una sanidad pública y una política pública en infraestructuras como las españolas, para ser sostenibles requieren de más Estado en relación al PIB. Cuarto, si España se cree la necesidad de cambio de modelo productivo, no puede mantener sectores poco competitivos a través de presupuesto público. El sector público debe intentar evitar la generación de sectores empresariales muy dependientes de él. Y las empresas deben diversificar sus mercados más allá de la demanda pública.
Ángel Saz-Carranza / Albert Serra. Profesores del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade (URL)