España no puede perder otro año
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, esgrimió ayer ante un grupo de los inversores más granados de Wall Street que el Ejecutivo español ya ha tomado decisiones con la determinación de hacer de la española una economía más competitiva. Y, como evidencia de su voluntad de seguir adelante con el plan de reformas, mostró su firmeza para aprobar la de las pensiones, que presentó a sus socios comunitarios en febrero pasado y cuyo nudo gordiano es el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Es difícil saber si los interlocutores estadounidenses quedaron ayer convencidos por los mensajes de Zapatero y, por tanto, si levantarán definitivamente la injusta cuarentena sobre las finanzas públicas españoles. Pero lo que sí es seguro es que sin esas modernizaciones estructurales, España quedará rezagada en la recuperación y será incapaz de crear suficiente empleo para rebajar la insoportable tasa de más del 20% de desempleo.
Aunque el presidente del Ejecutivo defendió en Nueva York que la reforma de las pensiones es un debate a medio y largo plazo, él ya le ha puesto fecha. Aun así, parece que difícilmente se habrá cerrado antes de fin de año un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo, que debería haber entregado ya un documento sobre las propuestas presentadas por el Gobierno. Las distancias parecen insalvables y es poco probable que algún grupo, aparte del socialista, avale políticamente un aumento histórico de la edad de jubilación sin notables contrapartidas. Y mucho menos ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas.
La soledad del Gobierno, apoyado sin mucho convencimiento por el PNV y Coalición Canaria al menos para los próximos Presupuestos Generales, hace muy complicado afrontar sin demora el programa de reformas que se precisa. Pero España no se puede permitir aplazarlas todo un año a la espera de las próximas elecciones generales que, si no hay cambios, se celebrarán en abril de 2012.
Ante este panorama, Zapatero tiene una dura tarea por delante si de verdad está decidido a hacer de la española una economía competitiva. Y es obvio que las pensiones no son el único gran reto que afronta. El propio Gobierno ha apuntado la necesidad de redefinir los políticas activas de empleo, transferidas a las comunidades autónomas. Con el alto nivel de paro existente, sorprende que se dedique más dinero a pagar prestaciones a los parados que a formación y otras políticas que contribuyan a recolocarlos.
Igualmente, queda pendiente la definición del mercado energético para los próximos años, actualmente en negociación con el Partido Popular, pero sin muchos visos de acuerdo. No se justifica que el enroque de ambas partes sobre la continuidad de la energía nuclear haga encallar un pacto vital para la competitividad de la economía española. En definitiva, el coste energético determina en parte la disposición de muchas empresas españolas de vender en igualdad de condiciones que sus competidoras europeas.
Pensiones, políticas activas de empleo o mercado energético son tres reformas inaplazables, aunque no las únicas que hay que abordar. El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, enunció ayer en el Foro CincoDías las prioridades de su formación, con especial mención a la reforma de las Administraciones públicas. La duplicidad de competencias entre el Gobierno central, los autonómicos y los ayuntamientos implica un despilfarro injustificable, tanto de fondos como de funcionarios. El PP acierta al priorizar la necesidad de acabar con esa carísima ineficiencia y debería, consecuentemente, aceptar colaborar en su solución si el Gobierno decidiese presentar un plan realista.
El acercamiento, en definitiva, entre los dos grandes partidos se hace imprescindible para implantar éstas y otras reformas con éxito, especialmente por las transferencias autonómicas. El resultado final de la reforma de las cajas ha demostrado que es posible el acuerdo si hay voluntad política, y los ciudadanos cada vez comprenden menos que primen los intereses partidistas cuando España se juega tanto el próximo año. Porque si las reformas no se producen, las empresas y las familias españolas tendrán mucho que perder.