La industria fotovoltaica, indignada ante la reducción de las primas para las nuevas plantas
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) expresó su "sorpresa e indignación" ante la decisión del Ministerio de Industria de reducir las primas para las nuevas instalaciones fotovoltaicas y consideró que se trata de una normativa "muy perjudicial" para los intereses del sector.
"La primera reacción es de sorpresa e indignación porque algunos de los aspectos en la regulación que se mandó a la CNE todavía no estaban cerrados en el pacto, y se nos había dicho que se iba a esperar a septiembre para terminar de zanjarlos", indicaron en fuentes de Asif, que acusaron a Industria de incumplir lo dicho al sector el pasado viernes.
De esta forma se pronunció la asociación después de que el departamento de Miguel Sebastián remitiera a la Comisión Nacional de Energía (CNE), para su informe, un proyecto de real decreto que establece el nuevo sistema de primas para la energía fotovoltaica, una norma que se suma al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para perseguir el fraude fotovoltaico en la adscripción a las primas del Real Decreto 661/2007.
En concreto, este nuevo real decreto propone una disminución de la tarifa regulada a las instalaciones fotovoltaicas futuras del 45% para las plantas de suelo, del 25% para las de techo de mayor dimensión y del 5% para pequeñas instalaciones de techo.
A pesar de ello, las mismas fuentes consideraron que no se trata de una normativa "definitiva", teniendo en cuenta que es una propuesta que se remite a la CNE para su valoración, y apuntaron que el sector recabará ahora información para conocer si va por vía de urgencia o por el trámite ordinario.
"Hasta ahora las negociaciones con Industria eran para que esa nueva regulación que se remitiera a la CNE partiera de base con el visto bueno de las asociaciones y fuera una tramitación mucho más sencilla", señalaron las mismas fuentes, que denunciaron que en caso de que vaya por vía de urgencia, el Ministerio aprovecha el mes de agosto para que el sector no pueda reaccionar.
De ser por la vía ordinaria, según explicaron, pueden pasar entre dos y cuatro meses desde que se envia a la CNE hasta su aprobación en el Consejo de Ministros.
