El Partido Popular da por acabado el pacto energético con el Gobierno
La falta de propuestas que sirvan para atajar el déficit de tarifa por parte del Gobierno ha llevado al PP a dar por agotado el proceso para lograr un pacto energético. Los populares no quieren pagar el desgaste de un acuerdo que implique subidas de tarifas o le enfrenten con las empresas eléctricas.
Apenas un mes después de su anuncio a bombo y platillo, en el Partido Popular dan por agotada la posibilidad de lograr un pacto sobre energía con el Gobierno. Sólo falta, según fuentes solventes de este partido, instrumentalizar los argumentos de la ruptura, que en el sector preveían para el mes de septiembre pero que quizá no llegue tan tarde. Los populares consideran que un mes es demasiado tiempo para mantener abierta una situación que "desgasta" a su formación y beneficia al Gobierno. En su opinión, éste habría utilizado el pacto como excusa, por ejemplo, para congelar la tarifa eléctrica en este semestre.
A finales de junio, el ministro de Industria,Miguel Sebastián, y el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, anunciaron, con foto incluida, un proceso de negociaciones para firmar un pacto energético. El desencuentro en las escasas reuniones que han celebrado con este fin ha sido la tónica general.
En el PP acusan al Gobierno de no haber hecho ninguna propuesta que sirva para atajar el principal problema del sistema eléctrico, el déficit de tarifa, y se niegan a ser los primeros en proponer medidas que podrían enfrentarles a un sector tan "endemoniado" como el eléctrico. En él, señalan, "cualquier decisión que se adopte perjudica a alguien".
El equipo económico de Mariano Rajoy dice estar dispuesto a negociar un pacto similar al que firmaron con el Ministerio de Economía sobre las cajas de ahorros, donde la iniciativa partió del Gobierno y el PP lo secundó. En el ámbito de la energía, estarían dispuestos a hacer algo similar: no tanto a apoyar como "a escoltar" y "no boicotear" medidas que considerasen razonables. Pero tampoco a proponerlas, "pues esto es algo que debe hacer el que gobierna". En cualquier caso, creen que los dos planteamientos, el de las cajas y el de la energía, están a años luz.
Fuentes del PP consideran que el déficit (un mecanismo que inventó el Gobierno de José María Aznar) es un problema de los gobiernos socialistas, ya que las desviaciones generadas por ellos "se podían haber saldado en dos años". Las críticas también proceden del lado del Gobierno que cree que el PP le ha engañado, y le acusan de no tener las ideas claras.
Con todo, las propuestas han existido, aunque algunas por su dureza se mantienen en secreto para evitar un conflicto con las eléctricas. Así, se ha planteado una quita del 25% del déficit de tarifa que financian las empresas y cuyo derecho de cobro titulizable es de 14.630 millones de euros, incluido el año 2010. También, como meta última, se ha puesto encima de la mesa la sustitución de las tarifas por un sistema de precios similar al de las gasolinas.
En las pocas reuniones mantenidas sobre el pacto, a las que sólo han asistido Sebastián; Montoro; el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal, los representantes del PP han planteado dos líneas generales de actuación a medio y largo plazo: evitar cambios bruscos de las inversiones (caso de la energía nuclear) y suspender los incrementos de la tarifa mediante la revisión de los costes del sistema. Todo ello, con una línea roja: ni subida de impuestos ni de tarifas.
Más allá de estos objetivos generales, la apuesta por la nuclear planteada por el partido de Mariano Rajoy resulta inaceptable para Zapatero. También la congelación de las tarifas a corto plazo. En el primer partido de la oposición consideran que para lograr una tarifa aditiva, ésta debería subir entre un 30% y un 35% en el futuro y apoyar estos incrementos es un precio político que no están dispuesto a asumir.
¿Y qué hacer para evitarlo? Según fuentes del mismo, "adelantar al presente beneficios futuros y retrasar al futuro costes del presentes", como el de las renovables. Medidas que requieren "altas dosis de gestión", subrayan.
Asignaturas de energía en septiembre
Entre el jueves y el viernes se dio carpetazo estival a varias asignaturas pendientes en el ámbito energético. El primero fue el de la subcomisión del Congreso de los Diputados que ha discutido desde hace meses sobre las prospectivas energéticas a 2020 y 2035, y que, tras aprobar nueve de los 23 puntos que figuran en las conclusiones del acuerdo básico, decidió dejar el resto para el mes de septiembre.También las negociaciones entre el Ministerio de Industria y las asociaciones fotovoltaicas para reducir las primas que cobran estas plantas de renovables han sido pospuestas. Aunque la razón está en el enquistamiento de las posturas de ambas partes, Industria ha justificado el receso en que hay que esperar a ver cuántas primas logra ahorrar con la aplicación del real decreto sobre fraude fotovoltaico que aprobó el viernes por el Consejo de Ministros. Esta norma incluye una amnistía para las instalaciones en situación irregular que decidan pasar a una tarifa inferior.En cuanto al pacto energético entre el Partido Popular e Industria, queda por ver si deciden escenificar ya la ruptura o esperan también a septiembre.Sobre las medidas para atajar los costes de las renovables, el PP considera que son medidas a corto plazo que el Gobierno aborda para evitar daños mayores, pero que no son cuestiones para un pacto. De hecho, opina que el acuerdo con la eólica y la termosolar, así como la norma contra el fraude tendrán efectos muy limitados en el déficit tarifario.
La hostilidad del sector ha perjudicado el acuerdo
En el sector eléctrico pocos creyeron que el pacto energético anunciado a finales de junio por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, respondiese a "una intención sincera" si no "a una maniobra electoralista por ambas partes". Y es que el anuncio vino acompañado por el de la congelación de las tarifas, que el Gobierno tendría que haber subido un 9% de haber mantenido su propuesta inicial de revisión de los peajes, que debía haber sumado al resultado de las subastas Cesur y que marcó el coste de la energía en la tarifa de los consumidores domésticos (TUR) en el semestre.Aunque, en un principio, las empresas dijeron estar dispuestas a dar un voto de confianza (pidieron, eso sí, que el pacto se firmara en pocos días), lo cierto es que su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo la orden de tarifas no gustó al PP, que ha renunciado también al acuerdo. Fuentes de este partido consideran que "la posición de hostilidad del sector eléctrico" hacía muy difícil el pacto. Y no entienden que las empresas, a los pocos días de que el Gobierno y el primer partido de la oposición (con potestad para cambiar la regulación) anunciaran un pacto, perjudicaran el proceso acudiendo al Supremo. Desde Unesa, la asociación que integran las cinco grandes eléctricas, se planteó dar un margen y no acudir a los tribunales antes de agosto, a la espera de algún acuerdo satisfactorio. Pero Iberdrola presentó de inmediato la primera demanda, a la que han seguido algunas más.Expertos jurídicos creen que ésta tiene muchas posibilidades de prosperar, ya que la congelación de la tarifa se hizo con fórceps, y no recoge costes de obligado reconocimiento legal.
