No hay pacto energético sin voluntad política
El pasado sábado expiró el plazo que el Gobierno y el Partido Popular se habían concedido para explorar la posibilidad de cerrar un pacto nacional sobre el sistema eléctrico, que recogiese la política tarifaria, la de primas a la producción e hipotéticos retoques en el reparto de la producción para los próximos años. Las posibilidades de acuerdo son muy escasas, si no nulas, porque ni Ministerio de Industria ni Partido Popular han puesto empeño verdadero en conseguirlo. La manera súbita con la que surgió la urgencia de un pacto proyectaba fundadas sospechas de que había cierta intencionalidad electoral en los interlocutores, pero que faltaba la verdadera voluntad política que se precisa para un compromiso en una materia tan delicada como los mecanismos de generación, distribución y consumo de la energía eléctrica en España.
Si alguna materia está necesitada de estabilidad normativa para garantizar certeza en la generación, el suministro o las tarifas, así como en las inversiones que se precisan para asegurar cada una de las tres cosas, es el sistema eléctrico. No es imprescindible un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas que se alternan habitualmente en el poder para garantizar la estabilidad y seguridad precisas, siempre que las alternancias en el Ejecutivo no supongan una continua enmienda a la totalidad sobre el pasado. Pero un pacto es una garantía de continuidad que hasta ahora no ha existido, porque nunca se ha explorado con la vehemencia y la responsabilidad necesarias.
Ahora es necesario por muchas cuestiones. Primero, porque el déficit generado por mantener unas tarifas artificialmente bajas comienza a ser ingobernable e infinanciable, y en su acumulación tienen bastante que ver las políticas energéticas aplicadas por los Gobiernos del PP. Segundo, porque las sucesivas políticas de incentivos a la generación de energía verde ha generado una burbuja de coste y de deuda bancaria que la ha convertido en insostenible. Y tercero, porque el Gobierno no ha tenido nunca una línea recta en materia energética, entre otras cosas porque, sea por motivos ideológicos o por deficiencias de gestión, carece de un modelo energético claro desde el punto de vista de la generación y sostenible desde el punto de vista de la financiación.
Un mecanismo que está atrapado entre la inyección anual de 6.000 millones de euros en primas a la generación, un sobrecoste reconocido acumulado de más de 14.600 millones de euros y unas tarifas artificialmente bajas e intencionadamente excluidas de la realidad es insostenible. Todas y cada una de estas circunstancias deben ser corregidas en cualquier pacto que pretenda ordenar el sistema con sentido de permanencia.
El detonante de la fiebre pactista desatada en el Gobierno fue la incapacidad para explicar una fuerte subida de tarifas en junio pasado, que encontró en el PP no menos fiebre pactista siempre que tal acuerdo se cerrase a condición de congelar las tarifas que pagan los consumidores. Y en las tarifas está precisamente el nudo gordiano de la cuestión: reconocer que el coste real de la energía está muy por encima de lo que sus consumidores pagan, que la política de incentivos la encarece aún más y que finalmente es un presupuesto público con escasos recursos quien soporta el desequilibrio, mientras las eléctricas siguen abonando suculentos dividendos a sus socios.
Si Gobierno y Partido Popular quieren lograr un pacto para introducir sensatez en el sistema deben comenzar por establecer el mecanismo más apropiado de generación de energía, sin descartar fuentes como la nuclear, tal como defiende el primer partido de la oposición, sin generar incomodidad en el ministro de Industria. Su generación no es más cara que la renovable, y cada vez hay más consenso social acerca de la conveniencia de apostar por ella, dado que las dudas sobre la seguridad se han desvanecido con los avances de la tecnología. Resuelta la generación, con la dificultad que tiene reajustar los incentivos a las renovables, es inevitable configurar unas tarifas que contengan el coste real de la energía, soportando el coste político que tiene endosar un salto de no menos del 35% en las que hoy pagan los consumidores. El modelo energético necesita más voluntad política, bastante más que la que hasta ahora han puesto sobre la mesa de negociación los representantes del Gobierno y del PP.