COLUMNA

Respuestas a la crisis

Las respuestas a la crisis económica, y a la crisis fiscal que ésta ha puesto de manifiesto, se están produciendo en dos frentes: consolidación fiscal y reformas institucionales.

La consolidación fiscal, que obviamente tiene efectos negativos sobre la recuperación de la actividad, es necesaria si el déficit ocasionado por la crisis tiene un importante componente estructural (no cíclico). Para los países en los que el componente estructural fuera pequeño me alinearía con los que abogan abandonar el esfuerzo de consolidación y seguir con el estímulo fiscal de la demanda. Pero en España el déficit estructural parece estar por encima del 5% del PIB y, además, las finanzas públicas tienen dos importantes amenazas: ¿Cuánto del descomunal endeudamiento privado va a acabar recayendo sobre el público? ¿Cuál es el "agujero" financiero de un sistema de pensiones de reparto en el que la ratio ocupado/jubilado está cayendo?

El ritmo de la consolidación puede parecer excesivo, pero uno menor podría no resultar creíble con el consiguiente deterioro de la prima de riesgo; lo que elevaría aún más el déficit y aumentaría la diferencia entre el tipo de interés y la tasa de crecimiento del PIB, condición que determina una dinámica explosiva de endeudamiento a partir de cualquier déficit primario. Y el problema de credibilidad del ajuste fiscal será tanto mayor cuanta menor coordinación muestren los países de una misma área en sus políticas. Y en Europa ha sido relativamente baja. Si hubiera sido mayor se podría haber ido más despacio. Pero, en cualquier caso, los retóricos que se preguntan que quién manda, los Gobiernos o los mercados, deberían recordar que si uno está bastante endeudado y sigue queriendo ampliar sus créditos los acreedores mandan bastante.

Las reformas planteadas son las del sistema financiero y en España, además, la del mercado laboral. Sigue pendiente, dos años después, una nueva regulación de los mercados financieros mundiales. Están relativamente claras las vías a seguir (mayores requerimientos de capital, limitación o prohibición de algunos productos estrictamente especulativos, alguna versión de la tasa de Tobin e intensificación de la supervisión), pero resulta frustrante la falta de avance. En España las fusiones frías en la cajas de ahorro suponen un primer paso para enfrentar las amenazas de insolvencia, pasos relevantes en la medida en que están superando la limitación regional. Pero habrá que esperar para juzgar los resultados.

La reforma laboral en España parece en marcha. El Gobierno ha asumido sus responsabilidades y ha superado la fase de dejar la iniciativa a organizaciones con un alto grado de corporativismo (lo que no quiere decir que no hubiera que escuchar a estas organizaciones) para tomar la iniciativa. Pero las líneas propuestas son decepcionantes.

Los objetivos de la reforma deberían ser acabar con la dualidad en el empleo e introducir flexibilidad en la gestión para mejorar la productividad. En sus actuales términos se avanza poco en las dos direcciones. Se mantiene la multiplicidad contractual, aunque reduciendo las indemnizaciones de una proporción importante de los nuevos contratos indefinidos y cambiando marginalmente las condiciones de los contratos temporales. Su efecto sobre la dualidad va a ser pequeño. Por otro lado, apenas se altera el entorno de decisión sobre las condiciones de trabajo y las retributivas, dejando prácticamente inalterada la ineficiente estructura de la negociación colectiva, tan afín a los intereses corporativos de los compañeros de mesa del Gobierno en las fracasadas negociaciones de las últimas semanas. Superar esa situación y acabar con la dualidad resultaban cruciales para aumentar la productividad.

Se facilitan los ajustes en el caso de empresas con dificultades, aunque habrá que esperar las sentencias en el nuevo entorno, y se apunta la introducción de un sistema como el austriaco que mejoraría la movilidad laboral, pero la generalización del sistema tomará tiempo.

Se ha perdido una gran oportunidad de mejorar la situación de casi la mitad de los activos (los empleados temporales más los parados), sin afectar los derechos de la otra mitad (los ocupados indefinidos actuales, que mantendrían su situación). Y de conseguir una mayor eficiencia productiva. El Gobierno parece haber mostrado más interés en plantear una reforma laboral que en definir la reforma que mejorara sustancialmente el marco laboral y productivo. Es verdad que aún queda todo el trámite parlamentario, pero dado que el principal partido de la oposición está suspendido en el vacío esperando el feliz advenimiento y dado lo que escuchamos de los partidos nacionalistas, no hay que ser muy optimistas.

Y todavía quedaría la reforma de las administraciones públicas, que significa muchas cosas más que reducir el número de direcciones generales. Visto lo visto, esta tarea se me antoja tan irrealizable como necesaria.

Carlos Sebastián. Catedrático de fundamentos de análisis económico de la Universidad Complutense