Cuando lo inevitable es además lo justo
España ha realizado un recorte del gasto que, en el mejor de los casos, puede reducir el déficit público en un 1 o en 1,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). Con un déficit que está en torno al 10% esto equivale, como mucho, al 20% del ajuste necesario para cumplir el compromiso con la Unión Europea de tener en el año 2013 un déficit público por debajo del 3% del PIB. Por tanto, casi con certeza el recorte del gasto realizado es insuficiente para sanear las finanzas públicas.
La reducción del gasto que se ha realizado, además de insuficiente, es regresiva, porque hace recaer una parte esencial del ajuste sobre rentas medias (funcionarios) y bajas (pensionistas y dependientes). Es, por tanto, inevitable avanzar en el recorte del déficit y es justo que la segunda fase del ajuste (que probablemente no será la última) recaiga sobre las rentas más altas que, de momento, son quienes menos han soportado el coste de la consolidación de las finanzas públicas.
Dadas estas premisas es razonable que el nuevo ajuste se produzca por la vía del aumento de impuestos y no de más reducciones de gastos. Esto es así por razones de eficiencia y equidad. De eficiencia, porque un aumento de impuestos es siempre menos contractivo que un recorte del gasto. La razón es que el sector público aumentará la demanda pública en la cuantía de lo recaudado mientras que la demanda privada sólo se reducirá en una parte del aumento de impuestos (el resto se cubrirá con menos aumento del ahorro privado). La justificación de equidad de los impuestos es que es casi la única vía de que las rentas más elevadas contribuyan al saneamiento de las finanzas públicas.
Establecido que se deben aumentar los impuestos sobre las rentas elevadas, la siguiente cuestión es qué impuestos deben aumentarse y cómo. El candidato más obvio y justo es crear un impuesto temporal sobre los beneficios de las instituciones financieras. El sector financiero ha causado la crisis, ha recibido ayudas públicas y, en muchos casos, se está beneficiando vía especulación de la inestabilidad de los mercados financieros. Dado esto, parece claro que las instituciones financieras que ahora tienen beneficios deben contribuir al saneamiento de las finanzas públicas.
Una segunda vía de aumento fiscal sería recuperar el impuesto sobre el patrimonio sobre unas nuevas bases que garantizarán la eficiencia y equidad del impuesto. Inicialmente el impuesto debería limitarse a los patrimonios más elevados.
En el IRPF hay que obrar con cautela porque es un impuesto cuya legitimidad está seriamente menoscabada porque los elevados niveles de fraude lo reducen a poco más que un impuesto progresivo sobre las rentas del trabajo dependiente. Y es un impuesto muy progresivo para este tipo de rentas. Por ejemplo, el 5% de los que más declaran paga el 42% de la cuota del impuesto y el 10% paga el 55%. Al aumentar el IRPF se corre el riesgo de, como el cura que riñe a los que van a misa por los que no van, hacer recaer un ajuste excesivo sobre lo que pagan ya mucho.
En todo caso, hay diversas medidas razonables. Entre ellas, eliminar la deducción por planes de pensiones (cuesta casi 3.000 millones de euros de recaudación y sólo beneficia a instituciones financieras y rentas elevadas), integrar los rendimientos del capital en la base general (eliminar la dualización), depurar las deducciones (la de maternidad o la pléyade de deducciones autonómicas), eliminar exenciones injustas (la de plusvalías en la vivienda propia) y cerrar vías de elusión (Sicav y otras). Como último recurso se podrían aumentar dos o tres puntos los tipos marginales sobre las rentas más altas (por encima de los 100.000 euros).
En Sociedades, es esencial una reforma que evite que las rentas elevadas lo utilicen para no pagar sus impuestos personales. Modificar la normativa, mejorar la inspección y aumentar las sanciones, son algunas medias necesarias. También se deben eliminar las deducciones incentivadoras que además de caras son dudosamente efectivas. Las comunidades autónomas deberían aumentar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este impuesto es un instrumento esencial de redistribución que, por causas injustificables desde la lógica tributaria, se ha ido reduciendo en todas las comunidades autónomas españolas.
Estas medidas de corto plazo deberían completarse con una revisión sustancial del sistema fiscal. La recaudación en España ha colapsado en dos años (bajando del 37% al 30% del PIB y retornando a niveles de los años 90) como no ha ocurrido en ningún otro país del mundo. Esto pone de manifiesto que si se desea contar con un sistema fiscal que pueda hacer frente a los retos del envejecimiento, es necesario realizar una revisión profunda del sistema en la que la piedra angular debe ser la reducción del fraude.
Ignacio Zubiri. Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco