El 35% del activo de la industria española está pendiente de cobro
Los elevados plazos de pago que mantienen la Administración y el sector privado suponen diariamente pérdida de empleos y cierres de compañías. Un estudio de la Plataforma contra la Morosidad va aún más lejos y destaca que, en la actualidad, entre el 30% y el 35% del activo de la industria española está pendiente de cobro. De ahí, "la urgencia de que cambien las leyes".
Se trata de la única medida que tendrá calado estructural de cuantas se han aprobado para combatir la crisis", aseguró ayer Pedro Torres, coordinador de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Se refería con ello a la modificación de la ley que prevé reducir gradualmente los plazos de pago de 101 días entre compañías privadas a 60 en el año 2013 y también contempla que la Administración termine pagando en 30 días en la misma fecha, frente a los 154 actuales.
Los integrantes de dicha plataforma, que es una agrupación sin ánimo de lucro que representa a más de un millón de empresas con un volumen de negocio de 150.000 millones y más de cuatro millones de trabajadores, destacan que la clave de la futura norma será que ya no va a poder ser posible el pacto entre partes.
Otra de las premisas que harán de esta iniciativa legal un éxito es la posibilidad de presentar denuncias y quienes no cumplan, acaben pagando cuantiosas sanciones, destacó Antoni Cañete, secretario general de Pimec, la patronal de pymes y microempresas.
Morosidad y beneficios
El director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School, Pere Brachfield, ha comparado la situación de las empresas españolas respecto a francesas y alemanas y la conclusión es aterradora. Con plazos medios de pagos de 101 días, las empresas industriales españolas tienen en la actualidad entre el 30% y el 35% de su activo pendiente de cobro. En el comercio ese porcentaje llega al 80% y en determinados servicios supera el 90%. En Francia, esa relación se sitúa entre el 15% y el 20% y en Alemania no supera el 8%. "Luego, a mayor morosidad, menos beneficios", advierte Brachfield.
El ejemplo de la norma francesa
Francia creó en 2005 un observatorio sobre los plazos de pago para analizar qué estaba pasando al respecto. La conclusión fue tajante: sus empresas pagaban en un promedio de 67 días cuando la media de la UE era de 57 y en Alemania, principal competidor de la economía gala, se cumplía escrupulosamente el plazo que marca la directiva comunitaria: 30 días (la crisis lo ha ampliado a unos 40 en la actualidad). A partir de entonces, reducir esos tiempos se convirtió en cuestión de Estado para el Gobierno de Sarkozy.En 2008 se llegó a un acuerdo para modificar la ley vigente y un compromiso por el que prevén equipararse a la norma de la UE. Pues bien, un año después de su entrada en vigor, los primeros balances de su aplicación recogidos por el director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School, Pere Brachfield, indican que se ha reducido el plazo medio de pago de 67 a 54 días, lo que ha permitido inyectar a las empresas 4.000 millones de euros. "Si allí han podido, nosotros también podemos", recuerda Brachfield.
Factura electrónica
Un estudio efectuado con los datos que facilitan las empresas al registro mercantil revela que las comunidades autónomas son malas pagadoras también en la construcción. Galicia, con 201 días, lidera el ranking, si bien desde que implementó la factura electrónica ha reducido el plazo a 45 días.