El plazo fijado acaba a finales de mes

Airbus amaga con abandonar el A-400M para forzar un acuerdo con los clientes

Nuevo tira y afloja entre Airbus y los países impulsores del A-400M, entre los que se encuentra España. Los responsables del fabricante aeronáutico han vuelto a amagar con abandonar el proyecto del nuevo avión de transporte militar si las partes no llegan a un acuerdo para un nuevo marco industrial y contractual en breve. El plazo fijado ahora es a finales de este mes.

El malestar de la cúpula de Airbus se filtró a través de la versión alemana del Financial Times, donde se citaban fuentes de la empresa que aseguraban que el presidente, Tom Enders, estaba dispuesto a abandonar el programa del A-400M para evitar que se perjudicaran los proyectos que la compañía tiene sobre la mesa en el ámbito civil, con aviones como el A-350. La información no fue desmentida ni por Airbus ni por su filial EADS.

Pese a las amenazas, no parece probable que la compañía esté dispuesta a cancelar un proyecto que dará empleo a más 40.000 personas en Europa, que ya le ha supuesto un impacto negativo en sus cuentas de 2.400 millones de euros y que, además, le exigiría la devolución de los 5.700 millones que le han adelantado los clientes, lo que dejaría al grupo en una situación financiera insostenible. El abandono es más improbable aún una vez que el avión ya ha volado y ha sido presentado oficialmente en público.

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Previsiblemente, el martes de la semana que viene, día 12, los responsables de EADS y Airbus aclaren su posición sobre este asunto, aprovechando el encuentro que mantendrán con la prensa en Sevilla para hacer balance de 2009 y avanzar su estrategia para 2010.

Todo hace indicar que el mensaje va dirigido a los gobiernos que están manteniendo unas posiciones más inflexibles en la negociación del nuevo contrato, como es el caso del alemán. Los costes del avión se han disparado un 25% y superan ya los 25.000 millones. La empresa propone entregar menos aparatos de los previstos inicialmente pero al precio que se pactó en 2003 (20.000 millones). De esta manera, se compensaría el sobrecoste sin exigir nuevos desembolsos a los países.