Unos presupuestos para agudizar la crisis

Al leer la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010, conocida como el libro amarillo, no pude sino maravillarme ante la pluralidad de objetivos que el proyecto gubernamental parecía destinado a alcanzar. En las primeras páginas de ese documento se habla de, ni más ni menos, "unos presupuestos austeros y sociales para salir de la crisis" a los que, por si fuera poco, se les supone la capacidad de seguir desarrollando la base del cambio del modelo productivo.

Pero mi asombro fue dando paso a una decepción creciente. Estos presupuestos son un ejercicio de lo que los anglosajones denominan wishful thinking, es decir, una lista de deseos placentera pero carente de realismo. Es más, las líneas de política económica que se trazan en el proyecto, ahora ya tramitado, no pecan sólo de ingenuas, sino que son también muy contraproducentes ante la grave situación en que se halla la economía española. Son, de hecho, unos presupuestos que, como hemos señalado desde el Círculo de Empresarios, amenazan con agudizar los efectos de la crisis.

El primer gran error se produce en los supuestos sobre los que se construye la previsión de gastos e ingresos del Estado. El Gobierno se ha apoyado en unas proyecciones macroeconómicas optimistas, fruto de una confianza infundada en que la recuperación de otras economías arrastrará a España fuera de la crisis. Este erróneo planteamiento olvida que la mayor parte de los males que experimentamos está causada por factores domésticos -aunque intensificados por la coyuntura internacional-. Nuestra economía se ha apoyado durante más de una década en un modelo generador de grandes desequilibrios que, a falta en el pasado de políticas correctoras más valientes, ahora originan bruscos y costosos ajustes.

En la misma línea, a los presupuestos del próximo ejercicio hay que criticarles la total ausencia de políticas de reforma. Tras las cuentas públicas no se atisban propuestas de cambio para la educación, el mercado de trabajo, la regulación de los mercados o el modelo energético, por citar aquellas esferas más necesitadas de mejoras. Ni siquiera las actuaciones de carácter estructural asociadas a la transposición de la Directiva de Servicios pueden considerarse auténticas reformas, dada la falta de voluntad transformadora con que se están realizando.

En este caso, el error se produce por la insistencia en atacar los problemas macro desde la óptica de la demanda agregada, y no con una perspectiva de oferta. La economía española está falta no tanto de una demanda pujante -origen de los desequilibrios que hoy pagamos-, sino de una oferta flexible, adaptable, con diversidad productiva y búsqueda de mayor valor añadido. Si no se acometen reformas como las señaladas, será imposible acceder a las ventajas de un modelo de crecimiento moderno y competitivo.

Por último, el tercer error consiste en la política de demanda sugerida en los presupuestos. A nuestra economía le conviene comenzar a corregir los desequilibrios fiscales acumulados en un corto espacio de tiempo, que han llevado el déficit público a valores en el entorno de un 10% del PIB. La experiencia demuestra que los procesos exitosos de consolidación fiscal son aquellos que apuestan por la reducción de gasto, mientras que los sustentados en incrementos de los impuestos fracasan en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, el gobierno ha optado por una reducción virtual del gasto -aunque se anuncia un recorte, si se compara con el presupuesto inicial de 2009, el gasto aumentará en más del 17%-, con rebajas no en partidas corrientes de gasto no productivo (como el gasto superfluo de una administración hipertrofiada), sino en epígrafes muy señalados en cualquier intento de modernización estructural como el dedicado a la I+D+i, lo que además choca con las líneas maestras de la nueva Ley de Economía Sostenible. Para empeorar las perspectivas, esas medidas se han acompañado de una subida de tipos impositivos que dañará al consumo, el ahorro y la inversión, provocando así grandes dificultades a las empresas y a la creación de empleo.

La etapa de discusión parlamentaria no ha servido, desgraciadamente, para provocar el golpe de timón que precisa la política económica. Al contrario, han prevalecido intereses partidistas, sellados en pactos ajenos a las verdaderas necesidades del país. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿para cuándo pactos de Estado entre las principales fuerzas políticas? ¿Para cuándo compromisos serios en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que padecemos?

María Jesús Valdemoros. Directora del departamento de Economía del Círculo de Empresarios