Las pymes podrían ahorrar 6.420 millones al año si cobraran 38 días antes
Las pymes podrían ahorrar 6.420 millones de euros anuales en concepto de costes financieros si el plazo de cobro de las deudas pasara de 98 días actuales al máximo de 60 días que establece la ley, según cálculos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Esta plataforma, que representa a cerca de un millón de empresas del sector auxiliar de la construcción y alimentación, organizó hoy un encuentro de empresarios y políticos en el cual reclamó una nueva ley contra la morosidad.
El portavoz de la Plataforma, Antoni Cañete, indicó que la media que tardan las empresas privadas en pagar a sus proveedores asciende a 98 días en España, frente a 57 en la Unión Europea (UE), mientras que en el sector público llega a 139 días, frente a 67 de la media europea.
Si estos plazos se redujeran a 60 días, y si se tuvieran en cuenta los menores costes financieros para las grandes empresas, el ahorro total podría sumar más de 9.000 millones de euros al año, lo que en opinión de los organizadores supondría una fuente sustancial de recursos y evitaría el cierre de muchas empresas y la destrucción de empleo.
Otro de los portavoces de la plataforma, Luis Rudolfo, criticó que la ley de morosidad vigente, aprobada en 2004, limita el plazo de pago de las empresas pero al mismo tiempo una cláusula dificulta su aplicación si hay "acuerdo entre las partes".
Según el diputado del PP Ramón Aguirre, la eliminación de esta cláusula será el "tirón principal" del debate en el Congreso de los Diputados, después de que CiU presentara una proposición de ley que modifica la actual norma.
La iniciativa recoge aspectos como la imposición de un interés de demora en caso de retraso, que debería ser el interés legal del dinero incrementado un 50%, o el plazo máximo de treinta días para que las administraciones públicas paguen sus compromisos.
El portavoz de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre mostró su confianza en que la proposición de ley se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio antes de que acabe el año.
El diputado socialista Félix Larrosa dijo que la propuesta de CiU se puede mejorar y pidió que se aclare cuándo puede ser abusiva la citada cláusula del pacto entre las partes, al tiempo que abogó por verdaderos códigos de conducta o la solución extrajudicial de conflictos.
Desde ERC, Joan Ridao calificó la ley de 2004 de "bien intencionada, pero claramente inoperante" y, entre las mejoras que se pueden introducir, apostó por la vigilancia oficial para que se cumpla y por el establecimiento de un régimen sancionador.
Ante los representantes de los grupos parlamentarios, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad pidió una ley "clara, neta y defensora de los derechos" de los proveedores, así como que se aplique en toda España, sin interpretaciones locales que puedan distorsionarla.
En el acto también estuvo presente el secretario general de la patronal de pymes europea (UEAPME), Andrea Benassi, quien insistió en que esta ley para reducir la morosidad no debe confrontar a las grandes y pequeñas empresas.