España, contra el déficit estructural
El Gobierno está convencido de que el avance de la deuda pública no generará dificultades de financiación en el futuro, aunque ya en el Presupuesto de 2010 incluye medidas para controlar el gasto público e incrementar la capacidad recaudatoria. Pese a dar por bueno que en el peor de los casos superará el 62% del PIB el próximo año, estima que sigue suponiendo el coste relativo más modesto en Europa (un 2,4% del PIB, frente a tasas superiores al 3% en los grandes países de la Unión Europea), y que no habrá dificultades para financiarla. La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Elena Salgado, aseguró ayer en el Foro CincoDías, que la deuda pública no competirá con la privada por la captación de recursos, y no provocará el tradicional efecto de expulsión, conocido como crowding out, sobre la actividad económica. No obstante, y teniendo en cuenta que la inversión busca la seguridad incluso antes que la rentabilidad, una masa de deuda pública como la que los Gobiernos de todo el mundo están poniendo ahora en circulación tiene necesariamente que detraer recursos de la actividad privada, con el consiguiente efecto paralizante para la actividad inversora y emprendedora de la economía. Cierto es que hoy en día es el principal cebo para la cartera inversora de la banca, que dispone de liquidez ilimitada sin coste y sin garantías en los grifos generosos del Banco Central Europeo (BCE). Pero esto no será siempre así: algún día la situación se habrá normalizado, y el BCE habrá recuperado la sensatez monetaria, hasta el punto de que el dinero será más caro y más escaso.
Lo mejor que puede ocurrirle a la economía española y a las cuentas del Estado es aquello en lo que trabaja el equipo económico del Gobierno, a juzgar por los mensajes de la vicepresidenta: reducir cuanto se pueda el déficit estructural del Estado, no cuantificado, para que hipotéticas crisis ulteriores no lleven las tasas de déficit hasta los valores desorbitados de este y el año que viene, en que rondarán el 10%. No hay cuantificación ni umbral infranqueable para el déficit estructural, como sí lo hay en Alemania, que ha establecido la obligación constitucional de que no supere el 0,35% del PIB.
En todo caso, los caminos tomados para llegar a la que parece ser la misma meta son bien diferentes. Mientras Alemania ha optado por una reducción de impuestos para que se reactive la economía y devuelva vía crecimiento los recursos, España ha apostado por un endurecimiento impositivo desde el principio para que en 2012 pueda lograrse un déficit fiscal del 3%. La vía germana parece, si al final se consuman los anuncios del pasado fin semana, más atractiva para estimular la economía. España, por su parte, tiene intención de agotar en 2010 los aumentos de impuestos para equilibrar las cuentas.