Dinero para unas aguas más limpias
El Ministerio de Medio Ambiente, que junto con Fomento es uno de los principales departamentos inversores del Estado, carece de suficiente dinero para sacar adelante todos los proyectos que tiene en cartera. Lógico si se tiene en cuenta que la recesión va a restar 42.000 millones de ingresos tributarios sólo este año. Carencia agudizada por la necesidad de limitar la emisión de deuda pública ante la imperiosa urgencia de controlar un déficit desbocado que seguirá creciendo por el aumento del gasto en prestaciones al desempleo. El Gobierno ya ha declarado que en este punto no se producirán recortes, por lo que la austeridad tendrá que obtenerse de otras partidas, incluida la inversión productiva.
Ante tan sombrío panorama, que amenaza con continuar un par de años más, parece impensable que Medio Ambiente pueda hacer frente a los más de 19.000 millones de euros previstos en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. Las empresas del sector -todas las grandes concesionarias-, conscientes del parón que se avecina, han ofrecido a la ministra Elena Espinosa financiar las obras de infraestructuras necesarias para garantizar agua en cantidad y calidad suficiente.
Y esa debe ser una de las prioridades del Gobierno, pues el suministro del agua es tan estratégico como el energético o el transporte. Sectores vitales como el turismo o la agricultura dependen de ello y la irregularidad publiométrica no puede seguir cercenando el desarrollo sostenible de algunas zonas del territorio nacional. Así pues, no es aceptable que pudiéndose solventar con las infraestructuras necesarias, no se haga por falta de fondos. Máxime cuando el sector privado está dispuesto a financiarlas.
Afortunadamente, la ministra parece receptiva a colaborar con el sector privado, lo que implica un giro en la política de su ministerio. En realidad no tiene alternativa, pues ceder en concesión algunas infraestructuras hídricas es la única manera de llevar a cabo el ambicioso plan. Por otro lado, resultaría extraño que Espinosa se negase a la colaboración público-privada cuando su homólogo en Fomento, José Blanco, ha apostado por ello para poder continuar invirtiendo. Además, la apuesta del Gobierno en este punto es clara, como pone de manifiesto la reciente aprobación del anteproyecto de ley de captación de financiación por parte de las concesionarias cuyo fin es crear un sistema estable de financiación para aquellas concesionarias dispuestas a acudir a concursos públicos.
Pero la participación privada exige que Medio Ambiente establezca reglas claras en las concesiones que garanticen a las empresas unos ingresos suficientes y estables. Y, también, que involucre en esas mismas reglas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que en muchas ocasiones son los responsables del suministro hídrico.