Un fondo de rescate descafeinado

Los expertos creen que el FROB no será suficiente para evitar las injerencias políticas en las cajas de ahorros.

El sector financiero esperaba con ansiedad la creación de un vehículo que respaldara su reestructuración. Ha llegado bastante más tarde que en otros países europeos, aunque también es cierto que la urgencia de contar con un mecanismo para recapitalizar las entidades financieras era inferior, debido a que la situación de partida de los bancos y cajas españolas era más saludable que el resto. "El fondo es una buena oportunidad. Nos coloca en una situación de igualdad con otros países europeos", comentan en Caixa Galicia.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado con 9.000 millones iniciales ampliables este año a 27.000 millones, da un respiro al sector financiero para los próximos dos años. En 2010 se podrá alcanzar hasta 90.000 millones de euros.

Una cifra que, según un reciente informe de la consultora PricewaterhouseCoopers, "supone una cantidad de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de recapitalización del sistema". Los cálculos de esta firma apuntan a que el sistema bancario español precisará entre 30.000 y 70.000 millones de euros, lo que supone entre el 2% y el 6% del PIB.

Para muchos expertos, sin embargo, el fondo aprobado por el Gobierno no será suficiente para solucionar los problemas. "Se ha perdido una grandísima oportunidad para reestructurar el sistema de las cajas. Debería haber sido más agresivo en la reducción de la influencia política por dos vías: una mejora de la eficiencia en la gestión de estas entidades y que las fusiones tuvieran sentido desde un punto de vista económico y no político", afirma Félix González, socio director de Capitalia Familiar.

Además de reducir el peso de los políticos en los consejos y asambleas de las cajas -actualmente el tope es del 50%-, se esperaba que el fondo eliminara de forma más explícita la potestad de las comunidades autónomas de vetar fusiones entre cajas de regiones diferentes. Pero la redacción actual ya ha provocado la abierta oposición de tres comunidades con cajas candidatas a la fusión: Andalucía, Cataluña y Extremadura.

En el documento, aprobado por el consejo de ministros hace una semana, se señala que el Banco de España solicitará a Economía en el caso de los bancos o a las autonomías en el de las cajas un informe, que en ningún caso tendrá carácter vinculante. Con este artículo se quiere conceder al supervisor el poder de decidir qué uniones entre entidades son las más viables en términos económicos. Eso que abriría la puerta a las fusiones interregionales, ahora impensables por las resistencia de las autonomías a perder su influencia en la gestión de las cajas. En el sector, sin embargo, se considera que la falta de concreción del artículo derivará al final en una espiral de litigios legales entre las partes.

Potestades del Banco de España

Otra de las críticas al diseño del FROB es la rigurosidad en los plazos. En el caso de que una entidad financiera se encuentre en una situación en la que peligre su viabilidad tiene un mes para presentar un plan de actuación, en el que se concreten las acciones previstas -proceso para reforzar su patrimonio y solvencia, fusión o absorción por otra entidad o traspaso total o parcial de su negocio- para salir de este estado. Este plan, según el Real Decreto, deberá además detallar el plazo previsto para el inicio de su ejecución, que no podrá exceder de tres meses, salvo autorización expresa del Banco de España.Pero no todo son reproches. Los expertos aplauden las facultades que se le han concedido al Banco de España para tomar partido en este proceso de reordenación. De hecho, en la denominada Fase 3, la entidad que bien incumpla los plazos en la presentación de su plan de actuación o incumpla el calendario de ejecución pasará a ser administrada por la comisión rectora del FROB, integrada por cinco representantes del Banco de España y tres del Fondo de Garantía de Depósitos.Otra de las novedades es la concesión de derechos políticos a las cuotas participativas en el caso de las cajas, aunque con carácter excepcional ya que estos derechos desaparecerán cuando éstas se transmitan a un tercero. Bancos, cajas y cooperativas de crédito tienen un máximo de cinco años para devolver las ayudas.