Pensiones insostenibles, pero con truco

La Comisión Europea augura que el gasto público en pensiones en España alcanzará en 2053 su máxima cota: 15,6% del PIB nacional. Pero el organismo comunitario no necesitaba irse tan lejos de Bruselas para buscar modelos insostenibles de gestión de esa partida. Al Parlamento Europeo, por ejemplo, se le agotarán los recursos mucho antes. Su fondo complementario de pensiones, del que esperan cobrar 1.113 europarlamentarios, sólo aguanta, con su caja actual, hasta 2020.

El plazo sería aún más breve si el Parlamento no hubiera aprobado hoy una reforma del fondo que eleva de 60 a 63 años la edad para cobrar la pensión complementaria; suprime la opción de cobrar de un golpe el 25% de los derechos acumulados y termina con la posibilidad de acogerse a una jubilación más temprana con una pensión reducida.

La Eurocámara se ha visto obligada a adoptar esas medidas después de que la crisis financiera haya minado la rentabilidad de un fondo que a finales de 2007 contaba con unos activos valorados en 214,8 millones de euros. Pero no tiene garantizado que los ahorros que se logren sirvan para cubrir la pensión complementaria de los 478 parlamentarios en activo que lo han suscrito y los 635 antiguos parlamentarios que ya lo están cobrando o lo pueden reclamar en cualquier momento.

¿Qué ocurrirá si el fondo se desploma del todo? Ahí es donde viene el truco de un fondo que escandaliza dentro y fuera del hemiciclo europeo. El Parlamento, o sea, el contribuyente europeo, ha asumido, nadie sabe muy bien por qué, la obligación legal de garantizar el pago de una pensión complementaria que los europarlamentarios suscriben de manera voluntaria. Con cláusulas así, uno se puede jugar la pensión hasta con Madoff.